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Campesinado denuncia violaciones a derechos humanos luego de audiencia pública en La Macarena en la que reclamaron sus derechos

Miércoles 20 de octubre de 2021

Bogotá, 20 de octubre de 2021. El pasado 17 de septiembre el Congreso de la República celebró una audiencia pública en el municipio La Macarena, Meta, para abordar la situación de las comunidades campesinas y étnicas de Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Meta y Vichada. El evento tuvo tres ejes temáticos: 1) acceso y regularización de la tenencia de la tierra, avance de la Reforma Rural Integral e incumplimiento en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); 2) conflictos territoriales de ocupación en Parques Nacionales Naturales y Áreas Protegidas; y 3) Operación Artemisa y políticas contra la deforestación.

Entre las denuncias hechas en este espacio, se destaca la cifra de 60 personas judicializadas por habitar Parques Nacionales Naturales; algunas de ellas denunciaron atropellos por parte de los funcionarios presentes al momento de su captura y malos tratos de las autoridades judiciales. Según cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 solamente había constancia de cinco órdenes de captura en contra de campesinos por el delito de ‘invasión de áreas de especial importancia ecológica’. Esto significa que desde el inicio de la Campaña Artemisa el Estado colombiano ha incrementado, sustancialmente, el uso del poder punitivo en detrimento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las comunidades campesinas de la Amazonía y la Orinoquía colombiana.

La audiencia pública con el Congreso fue posible gracias a la incidencia realizada por las organizaciones sociales en el territorio, acompañadas por la Comisión Colombiana de Juristas, y responde a un alarmante incremento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la región, especialmente de campesinos que han sido desalojados de sus viviendas y judicializados por habitar Parques Nacionales Naturales.

Las entidades que asistieron a la audiencia (entre ellas la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa) coincidieron en que cualquier acción para contrarrestar los efectos del cambio climático y reducir la deforestación deben ser respetuosos de las garantías fundamentales de los campesinos; incluso, la delegada de la Procuraduría manifestó que el ente de control apoya y cree en la propuesta de parques con campesinos. No obstante, las entidades se rehusaron a firmar la declaración de compromisos finales.

Al día siguiente de la audiencia, el Ejército desplegó un operativo militar en los Llanos del Yarí como parte de la Campaña Artemisa contra la deforestación. Las comunidades denunciaron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública: la desaparición de dos personas, capturas cuya legitimidad fue puesta en duda y la quema de al menos cuatro casas.   

Por estos hechos, desde la Comisión Colombiana de Juristas insistimos en la necesidad de incorporar un enfoque real de derechos humanos en la política pública contra la deforestación de la Amazonía, así como encargar estas acciones a entidades del orden civil y no al Ejército. Así mismo, las comunidades campesinas exigen que el Gobierno nacional dé cumplimiento a dos acuerdos territoriales alcanzados en los paros y procesos de concertación de Altamira y Villavicencio, y haga esfuerzos reales por implementar los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz. 

Comisión Colombiana de Juristas