Comunicación y RRPP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió recientemente los casos de Alix Fabián Vargas Hernández, Omar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada y Yonny Duvián Soto Muñoz, víctimas de desaparición forzada y homicidio presentado falsamente como baja en combate.

Este organismo internacional determinó, en virtud de la información entregada por el Estado colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas, representantes legales de las víctimas, que existen elementos indicativos y claros sobre las posibles violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad personal, entre otros.

Entre el 21 y 24 de enero de 2022, víctimas de Antioquia y otras regiones del país se encontraron en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, donde compartieron sus vivencias y saberes en el evento ‘Contar para sanar: relatos, cantos y memorias de quienes sufrieron el secuestro y la desaparición forzada’. Durante este encuentro, entre otras actividades, hubo obras de teatro, películas, talleres, conversatorios y muestras expositivas como medio de narración de las víctimas.

El evento fue realizado en alianza entre el Museo Casa de la Memoria, la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión Colombiana de Juristas, organización que desde 2019 asumió la representación común de víctimas acreditadas en el caso 01: “Toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad”.

En su esfuerzo por acercar a la ciudadanía las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presenta una serie de infografías que busca explicar de manera resumida y concreta algunas de las determinaciones en torno al caso 03 relativo a las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados "falsos positivos".

Como respuesta a una petición que hizo la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) el 2 de abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el informe de admisibilidad del caso del sindicalista Óscar Darío Soto Polo, asesinado el 21 de junio de 2001 en Montería (Córdoba).

Ahora que la Comisión Interamericana admitió el caso, este pasará a la etapa de fondo; allí se analizará si hubo vulneraciones a los derechos humanos y se decidirá si se declara la responsabilidad del Estado colombiano.

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines expresan su preocupación y señalan varias falencias del documento Conpes 4063, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Política, Económica y Social (CONPES) el 6 de diciembre de 2021, titulado “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social".

El Acuerdo Final de Paz creó las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CTEP) como una medida necesaria para la reparación de las víctimas de los territorios más afectados por el conflicto armado. Aunque no pudieron ser puestas en marcha para las elecciones legislativas de 2018, luego de un largo y tortuoso recorrido de acciones judiciales por fin serán una realidad con la promulgación del Acto Legislativo 02 de 2021. Y aunque esta es una gran noticia para el fortalecimiento de la democracia, no se puede perder de vista que el país ya no es el mismo que vivió el fin del conflicto que sostenía el Estado con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Por tanto, la implementación de estas medidas en las elecciones de 2022 presenta más desafíos que certezas.