Víctimas de El Salado vendrán a Bogotá para impulsar pliego de peticiones por 25 años de incumplimientos
Miércoles 18 de junio de 2025. En febrero de este año, la comunidad de El Salado, Bolívar, se movilizó pacíficamente sobre la Troncal de El Caribe para visibilizar los incumplimientos del Estado colombiano en materia de reparación, transcurridos 25 años desde que se perpetró en este territorio una de las masacres más devastadoras de la historia reciente del país. A pesar de que varias decisiones judiciales han amparado los derechos de estas víctimas del conflicto (sentencia T045 de 2010, acciones de grupo, entre otras) las medidas reparadoras no se han materializado.
Desde esa manifestación hasta ahora, integrantes de la comunidad han sostenido varias reuniones virtuales con representantes de los ministerios de salud, del interior, alcaldía del Carmen de Bolívar, entre otros; sin embargo, todavía no hay compromisos concretos para responder a los reclamos de la comunidad expresados en los siguientes puntos:
1. Cumplimiento a la sentencia T-045 de 2010 en cuanto a la adecuación de un nuevo puesto de salud y la construcción de un alcantarillado digno, pues los actuales impactan negativamente en la salud de la población desde hace varios años.
2. Construcción de vías terciarias para el acceso desde el casco urbano del corregimiento de El Salado a sus veredas. De igual forma, es importante que se pavimente la calle principal del corregimiento. Todo lo anterior quedó incluido en los proyectos PDET del territorio, pero no se han hecho realidad.
3. Cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de reparación integral, especialmente en las medidas de indemnización (administrativas, judiciales y acción de grupo) a las familias que aún no han sido reparadas. Y en cuanto al derecho al acceso a la verdad, teniendo en cuenta el proceso que actualmente cursa ante la Jurisdicción Especial de Paz -PAZ- (macrocaso 08), las y los sobrevivientes esperan que se establezca quiénes fueron todos los responsables y por qué ordenaron la masacre.
4. Electrificación de las veredas (Villa Amalia, Pativaca, La Peñata, Espiritano y Cascajo) en el marco de los proyectos PDET y propuestas de campaña de los hoy gobernantes regionales.
5. Celeridad a los diversos procesos de restitución de tierras, entrega de títulos al campesinado salaero y titulación de los predios de uso público. Así mismo, se pide el impulso de más programas de acceso a tierras, y una mayor articulación entre ANT, ART y URT en las direcciones nacionales.
6. Garantía en el cumplimiento de promesas de gobiernos nacionales y locales anteriores respecto a la construcción de infraestructura para el acceso a servicios básicos, y la ejecución de medidas de sentencias judiciales y el plan de reparación colectiva (sedes del colegio del corregimiento, Centro de Atención a la Primera Infancia, puesto de Policía y casa de la memoria).
7. Puesta en marcha de proyectos productivos para la comunidad y acompañamiento para afianzar alianzas comerciales.
8. Para que todas las medidas tengan un verdadero impacto, deben ser implementadas con enfoques de género, étnico, territorial y de curso de vida.
Esta semana, una delegación de la comunidad se reunirá con funcionarios/as de la Unidad de Atención a Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Renovación del Territorio, Invias, Departamento Nacional de Planeación, Fiscalía General de la Nación, Jurisdicción Especial para la Paz, y los ministerios de Salud, de Minas y de Defensa, entre otros, con el fin de concretar un plan de acción para atender a las necesidades más urgentes.
Recordemos que la masacre de El Salado se perpetró entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, cuando más de 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- irrumpieron en el corregimiento con la presunta complicidad de altos mandos de la Armada Nacional. Durante estos cinco días, los paramilitares perpetraron asesinatos selectivos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, dando como resultado el desplazamiento masivo de alrededor de 4.000 habitantes de El Salado y sus alrededores, y el asesinato y desaparición de más de 60 personas.
La comunidad, y la CCJ como sus representantes, espera que esta vez sean escuchados los justos reclamos de esta población que todavía no ha podido acceder a la reparación integral que tantas veces le prometieron.
Comunidad de El Salado, Bolívar
Comisión Colombiana de Juristas