Señora presidenta:
En nombre de las varias organizaciones firmantes, agradecemos el reporte de actividades de la Alta Comisionada, particularmente sobre Colombia. La situación en el país confirma la necesidad de continuar el monitoreo y la asistencia técnica de su oficina.
A ocho semanas de las jornadas de movilización en distintas ciudades del país, los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar constituyen flagrantes violaciones de derechos humanos. Los abusos se producen a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que insta a la Fuerza Pública a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.
Las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza, la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa. También se deben a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Exhortamos al Consejo a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.
Finalmente, solicitamos a la Alta Comisionada, que por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Gracias Sra. Presidenta