Litigio Nacional

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Tras 20 años de la desaparición forzada del líder José Ángel Domicó, su comunidad sigue sin información sobre su paradero

Sábado 06 de marzo de 2021

José Ángel Domicó Jarupia hizo parte del grupo de indígenas Embera Katío del Alto Sinú que lideró el proceso de reclamación por los impactos que traería consigo la construcción de la represa de Urrá con aguas del río Sinú. Así las cosas, firmó junto con los demás comisionados indígenas delegados para tal fin el acuerdo logrado con el Gobierno y la Empresa Urrá el 19 de abril del año 2000.  Cabe recordar que no hubo un proceso de consulta previa con la comunidad que resultaría afectada por la instalación de la Hidroeléctrica en mención en esta zona ancestral para los Embera. Esto, además de producir cambios en su cultura, también propició un conflicto socioambiental en el territorio, situación que desencadenó en la desaparición y el asesinato de indígenas.

Además de haberse desempeñado como gobernador local y Jenené Mayor (alguacil) del Río Sinú, José Ángel siempre se destacó por su interés y activismo alrededor del fortalecimiento de la organización tradicional y cultural indígena mediante acciones  como la organización de los jenenés, la implementación de normas de control al interior de las comunidades indígenas, la atención de los conflictos internos, la construcción de la primera cárcel indígena; el proceso de delimitación, ampliación y saneamiento del territorio del resguardo, el proceso de reforestación de áreas degradadas y el control de la comercialización de la madera y el tráfico de fauna.

El 6 de marzo de 2001 en horas de la mañana, muy cerca a los Cabildos Mayores de río Verde y río Sinú de la comunidad Embera en el municipio de Tierralta, Córdoba, cuando José Ángel tenía 41 años fue abordado por dos hombres armados, presuntos paramilitares, que se movilizaban en una moto de alto cilindraje, quienes sin mediar palabra le dispararon en dos ocasiones en el pecho. Estando herido, José Ángel corrió hacia la sede de los Cabildos Mayores mientras los agresores lo perseguían y amenazaban con las armas a quien saliera a auxiliarlo. Antes de alcanzar la sede, José Ángel cayó al piso y los agresores lo recogieron herido y posiblemente sin vida, lo subieron a la moto con uno de ellos, mientras el otro los seguía caminando.  Aproximadamente 30 minutos después algunos agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar.

Ante este suceso, que estaba enmarcado en una ola de violencia dirigida hacia los líderes indígenas que se habían movilizado en contra de la construcción de la Hidroeléctrica Urrá, la comunidad Embera Katío del Alto Sinú suscribió una serie de comunicados y se manifestó pacíficamente en varias oportunidades denunciando lo ocurrido; asimismo, exigió la atención de las instituciones para adelantar las investigaciones necesarias que permitieran la captura de los responsables y, a su vez, que establecieran un proceso de búsqueda para dar con el paradero de José Ángel.

Una vez la Fiscalía General de la Nación asumió el caso, no hubo ningún avance que lograra esclarecer lo sucedido; en parte porque la calificación que se le otorgó a los hechos para seguir la investigación fue de secuestro extorsivo.  En 2006, esta entidad resolvió declararse inhibida para adelantar el proceso y decidió archivarlo argumentando que habían transcurrido más de cinco años sin que pudiera ser identificado e individualizado algún presunto responsable.  De esta forma, la investigación por la desaparición de este líder indígena se mantuvo completamente paralizada hasta que en 2010 se revocó dicha determinación. 

Fue solamente hasta marzo de 2019, luego de que este caso fuera investigado en conjunto con otras victimizaciones padecidas por líderes Embera relacionados con la construcción de la represa Urrá, que la desaparición forzada de José Ángel Domicó Jarupia fue catalogada por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, los avances frente a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, el esclarecimiento de la verdad alrededor de lo sucedido, así como la búsqueda del cuerpo de José Ángel, a quien su comunidad no ha podido despedir de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales, continúan siendo insuficientes tras 20 años de su desaparición.

Bogotá, 6 de marzo de 2021

Comisión Colombiana de Juristas