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Las y los miembros de la sociedad civil integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentarán propuesta de política pública para el desmantelamiento integral de organizaciones sucesoras del paramilitarismo

Martes 24 de noviembre de 2020

El lanzamiento se llevará a cabo el martes 24 de noviembre desde las 4:00 de la tarde y la transmisión se realizará vía https://www.youtube.com/watch?v=ycV2m49aoDc

24 de noviembre, 2020. La delegación de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en aras de avanzar en el cumplimiento del mandato de la Comisión, presentarán una propuesta de lineamientos de política pública, que busca llegar a un desmantelamiento integral de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de otros grupos armados al margen de la ley.

El Acuerdo Final de Paz estableció acciones de protección frente a la reconfiguración de la presencia armada en el país que supondría la dejación de armas de las ex FARC– EP, orientadas estas al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que puedan atentar contra quienes implementan el Acuerdo de paz, ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos, incluyendo a las consideradas sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, cuatro años después de su firma, han primado los incumplimientos a estos compromisos constitucionales.

Los distintos mecanismos destinados para este fin –la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional- no han tenido la operatividad necesaria o su naturaleza ha sido transformada en el desarrollo legal y administrativo de las mismas, de suerte que, desde estas instancias aún no se ha podido establecer una ruta o un plan concreto de desmantelamiento de las organizaciones criminales, mientras persisten las agresiones a las comunidades y a personas defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior, el propósito del informe “Desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo” es brindarle a la CNGS, la cual es una instancia derivada del Acuerdo Final de Paz, insumos para el logro de sus objetivos, considerando que esta instancia es la encargada de llevar a cabo el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta responsable de homicidios y masacres, así como de aquellas que atentan contra personas defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Esta propuesta se basa en la primacía de la autoridad civil sobre la militar y en la necesidad de consolidar un proceso de estabilización para la paz -y no para la guerra- entendido bajo las nociones de protección de las poblaciones y generación de vínculos de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Busca además generar planes y acciones de carácter social, cuyo diseño y despliegue parta del entendimiento de las condiciones locales, con respuestas diferenciadas que tengan en cuenta las vulnerabilidades y riesgos a los que está expuesta la población en los territorios. Así mismo, incorpora los principios de seguridad humana, dignidad y respeto, progresividad y no regresividad, participación de las víctimas, complementariedad, concurrencia y eficacia, seguridad jurídica, no discriminación, no estigmatización y no impunidad.

Las actuales políticas en materia de seguridad y defensa no corrigen errores históricos en la defensa de la vida y el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y otros grupos armados; por el contrario los reproducen, ahora bajo nuevos nombres, pero concentrados en estrategias similares, como el despliegue de la fuerza pública para contrarrestar el componente armado de las organizaciones criminales, sin observar su integridad y dejando intacta la estructura política, social y económica que las sostiene y promueve. Debido a ello, es previsible que su desarrollo y funcionamiento corra con la misma suerte que han tenido otras políticas públicas establecidas por el Estado colombiano en la materia, es decir, podrán tener incidencia en el corto plazo en las estructuras armadas, pero dejarán intactas las condiciones estructurales que facilitan su rearme y expansión.

Con el espíritu de estructurar herramientas para el cumplimiento de la misión de la CNGS, la presente propuesta de lineamientos de política pública parte del reconocimiento y reivindicación del Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación constitucional y desarrollo normativo que, en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, ordena preservar “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” en el diseño de las políticas que lo desarrollan.

Finalmente, la propuesta de la sociedad civil les da un valor fundamental a los derechos a la verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición de las víctimas mediante el rediseño de los instrumentos de sometimiento a la justicia y reinserción. Asimismo, propone la necesidad de crear herramientas de seguimiento y evaluación, que no han sido contempladas en otras políticas, lo que no permite hacer el control y veeduría ciudadana necesaria para asegurar la implementación efectiva del Acuerdo y de una política pública de desmantelamiento.

Delegación de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad:

Franklin Castañeda Villacob, Delegado plataformas de DDHH – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) - Comité de Solidaridad con Presos Políticos

Gustavo Gallón Giraldo, Delegado plataformas de DDHH – Alianza de Organizaciones, Sociales y Afines - Comisión Colombiana de Juristas

Camilo González Posso, Comisionado experto de la sociedad civil - INDEPAZ

Linda Cabrera Cifuentes, invitada permanente por las plataformas de mujeres – Gpaz - SISMA Mujer

Rosa Emilia Salamanca, invitada permanente por las plataformas de mujeres- Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

Jaime Caycedo Turriago, Comisionado experto de la sociedad civil