Fiscalía vincula a Álvaro Uribe Vélez a la investigación por el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo

Bogotá D.C., 19 de junio de 2026. El 18 de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación profirió auto de apertura de investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su vinculación mediante indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de un grupo armado ilegal que habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio San Roque, Antioquia.

Entre los hechos investigados está el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, cometido el 27 de febrero de 1998 en Medellín, caso en el que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha ejercido representación y acompañamiento jurídico a una parte de la familia. Frente a este hecho se estudia la presunta participación de Uribe Vélez como determinador.

Antecedentes procesales

El 16 de mayo de 2000, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación previa por la presunta conducta omisiva de Uribe durante las masacres. Sin embargo, el 28 de diciembre de ese mismo año, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución inhibitoria mediante la cual archivó provisionalmente el caso al no encontrar mérito para iniciar instrucción formal.

El caso permaneció archivado hasta el 7 de septiembre de 2011, cuando el entonces congresista Iván Cepeda Castro entregó a la Fiscalía testimonios de exparamilitares, entre ellos el de alias ‘Alberto Guerrero’, que vinculaban a los hermanos Uribe con la creación del Bloque Metro en la Hacienda Guacharacas.

A partir de esos testimonios, el 7 de febrero de 2012 el Fiscal 11 Delegado ante la Corte asumió la investigación de los hechos denunciados por Cepeda. Poco después, el 2 de enero de 2013, la Fiscalía 6ª Delegada ante la Corte revocó la resolución inhibitoria del año 2000 y ordenó reanudar la investigación previa.

El 25 de noviembre de 2014, tras la posesión de Uribe como senador de la República, la Fiscalía perdió competencia sobre el caso y remitió el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el 30 de mayo de 2018, esa alta Corte declaró las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como el homicidio de Jesús María Valle, como crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles.

¿Por qué el expresidente está ligado a la investigación del asesinato de Valle Jaramillo?

La vinculación y el llamado a indagatoria están intrínsecamente relacionados con el homicidio del defensor de derechos humanos, por las siguientes razones:

• Valle Jaramillo había denunciado de manera reiterada ante la administración departamental, encabezada por Uribe en ese entonces, así como ante la Fuerza Pública y otros entes gubernamentales, las incursiones paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, sin que hubiera respuesta efectiva frente a sus denuncias. Por ello, la Fiscalía considera que el homicidio selectivo de Valle pudo ser una represalia ante sus constantes acusaciones de connivencia entre la administración departamental y los grupos paramilitares que operaban en Ituango.

• De manera preliminar, los elementos probatorios permiten inferir que Uribe Vélez, a través de su entonces Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, pudo haber determinado a Carlos Castaño para ejecutar este homicidio.

• La resolución unifica este homicidio con las masacres de La Granja, El Aro y los hechos en la hacienda Guacharacas bajo una misma cuerda procesal, por considerar que todos hacen parte de un mismo patrón de violencia y promoción de grupos paramilitares durante la gobernación de Uribe en Antioquia.

Sobre Jesús María Valle Jaramillo

Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998) fue abogado, defensor de derechos humanos y presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Antioquia. Dos días antes de cumplir 55 años fue asesinado en su oficina en Medellín, presuntamente por paramilitares con apoyo de agentes del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 27 de noviembre de 2008 (caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia), encontró responsable al Estado colombiano por la vulneración de sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, y ordenó medidas de investigación y reparación.

A través de la sentencia Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal del defensor de derechos humanos, consagrados en la Convención Americana. En consecuencia, ordenó investigar los hechos que derivaron en su asesinato, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia y colocar una placa en su memoria, entre otras medidas de reparación.

Más de 17 años después de proferida la sentencia de la Corte Interamericana, persiste una deuda histórica con la verdad y la justicia. El Estado aún no ha logrado identificar, juzgar ni sancionar a la totalidad de los autores materiales e intelectuales del homicidio de Jesús María Valle. La apertura de esta investigación contra Álvaro Uribe Vélez constituye un avance significativo para superar dicha deuda, pero no la resuelve por sí sola.

La Comisión Colombiana de Juristas reitera su compromiso con el acompañamiento jurídico a las víctimas y con el esclarecimiento judicial de los hechos, y llama al Estado colombiano a cumplir integralmente la orden de la Corte Interamericana de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este crimen.

Comisión Colombiana de Juristas