Señor Vice-Presidente:
Pese a varios avances en derechos humanos, el preocupante aumento de la violencia que menciona el Informe Anual del Alto Comisionado en Colombia puede agravarse todavía más por tres factores:
Primero, el contexto electoral que actualmente atraviesa el país, el cual genera un riesgo particular de violencia para quienes ejercen liderazgos sociales y políticos en los territorios en disputa y para las personas defensoras de derechos humanos.
Segundo, el avance de un discurso que deslegitima la búsqueda de paz en Colombia. Cuestionamientos nacionales e internacionales a la política de Paz Total; el insuficiente compromiso del actual Gobierno con la implementación del Acuerdo de 2016, y la ausencia de propuestas sobre este tema en el debate electoral, podrían llevar a que la salida negociada a la violencia pierda prioridad en la agenda y triunfe la apuesta por salidas armadas.
Tercero, el recorte financiero y de personal que enfrenta la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ha significado dejar de acompañar a comunidades y personas defensoras en momentos de gran vulnerabilidad. Urge fortalecerla para que pueda supervisar el cumplimiento de las sanciones que la justicia transicional empieza a imponer.
Por lo anterior, el apoyo decidido de este Consejo de Derechos Humanos a Colombia es más importante que nunca. Respaldar las apuestas del país en materia de paz, con cualquiera que sea el Gobierno que llegue, reforzar la labor de la Oficina y pedir garantías para las candidaturas, las comunidades y las personas defensoras durante el período electoral son acciones concretas que puede apoyar.