Señor Presidente:
En Colombia la violencia contra personas defensoras continúa. En 2025 fueron asesinadas 156 personas defensoras, un promedio de 13 cada mes.
Esta violencia se intensifica durante la época electoral como mecanismo para controlar la vida pública y silenciar a quienes cuestionan poderes locales y economías ilegales. Así, las recomendaciones formuladas por Australia, España, Reino Unido y Suecia en 2023 resultan más pertinentes en este contexto, pero deben considerar dos características que la violencia presenta:
- Las mujeres defensoras enfrentan agresiones diferenciadas orientadas a expulsarlas del espacio público durante elecciones e impedir su participación. Su inclusión en listas sólo para mostrar paridad de género, la estigmatización y el hostigamiento en redes sociales, la exposición de su vida privada y las amenazas contra sus hijos buscan forzarlas a abandonar sus liderazgos y aspiraciones políticas.
- Se evidencia un silenciamiento de los liderazgos derivado del temor generalizado por el control territorial que ejercen grupos armados ilegales. Restricciones a la movilidad, retenes en las vías, vigilancia continua de su labor y presiones a organizaciones sociales para respaldar determinadas candidaturas, generan autocensura y limitan su participación por miedo a represalias.
Es urgente que el Consejo exhorte a Colombia a adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las personas defensoras antes, durante y después de las jornadas electorales.
Muchas gracias.