Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas
Item 3: Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
Ginebra, junio 19 de 2025
Señor Presidente:
Valoramos el informe de visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a Colombia, y señalamos la urgencia de que tanto el Estado como las empresas implementen sus recomendaciones de forma efectiva.
Coincidimos con la preocupación expresada en el informe por la persistente impunidad en casos donde empresas han estado vinculadas a violaciones graves de derechos humanos como la financiación de grupos armados, el despojo de tierras o el hostigamiento de personas defensoras de derechos humanos[1]. Casos como el del sindicato de Drummond o el de la Hacienda Bellacruz, marcados por dilaciones sistemáticas y maniobras judiciales que han retrasado por décadas los procesos judiciales, evidencian la ineficacia del sistema ordinario para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
Además, como lo dijo el Grupo de Trabajo, pese a los esfuerzos realizados, las medidas de reparación propuestas por la justicia transicional resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío que implica esclarecer y reparar a las víctimas de la participación empresarial en el conflicto armado[2]. Las medidas propuestas por los comparecientes en el marco de la JEP para casos como el del sindicato de Drummond no son coherentes con los daños causados, especialmente aquellos al derecho de asociación.
Señor Presidente, los actores empresariales no pueden continuar al margen de la rendición de cuentas, mientras las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación. La debida diligencia no es suficiente. Es indispensable adoptar mecanismos vinculantes que garanticen la no repetición.
[1] A/HRC/59/53/Add.1
[2] Párr. 13.