Bogotá, 18 de noviembre de 2024. Con motivo de la elección de un nuevo magistrado o magistrada para la Corte Constitucional y ante los cambios que se avecinan en dicho tribunal durante el próximo año, desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) hacemos un llamado al Congreso de la República para que garantice, en este proceso, criterios esenciales que aseguren la elección de una candidatura con la ética, el compromiso y la calidad humana que demanda el máximo órgano de interpretación constitucional del país.
La Corte Constitucional es un pilar de la protección de los derechos fundamentales. En este sentido, resulta indispensable que el o la futura magistrada sea una persona independiente, capaz de actuar libre de influencias políticas, ideológicas, religiosas, o de cualquier otra naturaleza que comprometa su imparcialidad, asegurando decisiones autónomas y basadas exclusivamente en la Constitución.
Además, el compromiso con la defensa de la Constitución, de sus principios y del equilibrio de poderes que ella recoge es un requisito fundamental para ser electo. Como intérprete autorizado, el o la magistrada tiene que ser una persona firmemente convencida de su papel de guardiana de la Carta Política.
Sumado a esto, la idoneidad profesional debe ser un criterio ineludible. Quien ocupe este cargo debe poseer un amplio conocimiento del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, y ojalá una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos.
También es que la persona a elegir cuente con un inquebrantable compromiso con la promoción de la igualdad y la inclusión, contra la discriminación, y a favor del respeto a la dignidad humana.
Por supuesto, es importante impulsar una conformación paritaria en la Corte Constitucional, pero ante todo es importante que las postuladas tengan conocimiento y compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
Enfatizamos en la necesidad de que la próxima persona que ocupe una silla en la Corte Constitucional cumpla con estos criterios, de manera que sea la persona más idónea para ejercer la defensa de la democracia, desarrollar el Estado Social y Democrático de Derecho, y contribuir a la construcción de la paz en Colombia.
Comisión Colombiana de Juristas