Bogotá, 5 de mayo del 2025. El 29 de abril de 2025 se archivó el Proyecto de Ley Estatutaria 166 de 2024, que buscaba proteger a los y las jóvenes y movimientos sociales que han confiado en el Estado para garantizar su derecho a manifestarse, cumplir con el Acuerdo de Paz y con las recomendaciones internacionales en derechos humanos relacionadas, y evitar futuras crisis sociales ante la falta de un marco legal claro que permita el ejercicio de este derecho.
Desde abril de 2023, organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio del Interior —a través de su Dirección de Derechos Humanos— y congresistas de la bancada de Gobierno, con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), trabajaron en la construcción de un Proyecto de Ley Estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la protesta social, en cumplimiento del punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz, los mandatos de las altas cortes y las recomendaciones internacionales.
Tras meses de diálogo técnico y de encuentros en distintas ciudades, en los que también se incorporaron aportes ciudadanos, el proyecto fue radicado el 4 de octubre de 2023 como Ley Estatutaria 270 de 2023. Sin embargo, dos días después, el Partido Conservador radicó el proyecto 275 de 2023, lo que obligó a su acumulación y discusión conjunta.
El 4 de diciembre de 2024, en audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara, se escucharon voces diversas: sociedad civil, sector privado, academia y organismos internacionales. Los ponentes manifestaron su voluntad de conciliar ambos textos, con el respaldo de la OACNUDH para alinear el proyecto con los estándares internacionales (Observación General 37 de la ONU). Así nació el Proyecto de Ley 166 de 2024, radicado en julio de 2024, como un esfuerzo por garantizar un marco jurídico robusto para la protesta pacífica y un gran logro al unir visiones tan distintas del derecho a la protesta.
Exhortamos al Gobierno nacional, a las diferentes bancadas en el Congreso y, en particular, a la bancada de Gobierno, a priorizar de manera urgente este debate. Resulta contradictorio convocar a la movilización social en defensa de las reformas mientras se archiva un proyecto de ley que garantiza el derecho a protestar. Instamos a que este tema sea tratado con la urgencia y responsabilidad que merece como muestra de un auténtico compromiso con la democracia y la paz.
La protesta social no es un derecho de segunda, es el derecho que conquista otros derechos.
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