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Análisis de la implementación de la reforma policial en Colombia (2022-2024)
Informe

Miércoles 20 de noviembre de 2024

El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez puso como centro de sus propuestas de campaña y en su programa de gobierno en materia de seguridad, la transformación estructural de la Policía Nacional, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el traslado de la Policía Nacional de Colombia a un Ministerio de carácter civil, propuestas que fueron bien acogidas en el movimiento social y popular, y en la población en general, luego de las múltiples vulneraciones a los Derechos Humanos atribuidas principalmente a la Policía Nacional en el marco de las movilizaciones sociales de los años 2019 al 2021, bajo el entonces Gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, con el pasar de los meses estas propuestas fueron modificándose o adoptando plazos largos de implementación. Teniendo en cuenta este cambio de perspectiva, como Mesa de Trabajo por la Reforma Policial se plantea la necesidad de realizar un balance del proceso de transformación policial, e identificar avances y elementos pendientes para profundizar, esto con la perspectiva de generar aportes e insumos como organizaciones sociales, de víctimas de la violencia policial y defensoras de derechos humanos.

Es por ello que, el presente documento cuenta con nueve apartados que permiten realizar un abordaje integral desde la reforma policial impulsada por el gobierno Duque, la política de seguridad y defensa y la transformación policial impulsada por el gobierno Petro, la incidencia de actores internacionales, un análisis del uso de la fuerza dentro y fuera de los escenarios de protesta social, la implementación de los enfoques etnicorracial y de género, una perspectiva de algunas
organizaciones de víctimas de la violencia policial, y un apartado que pone en cuestión la transparencia y contratación de nuevas tecnologías por parte de la institución policial. A modo de cierre, abordamos algunas conclusiones y propuestas encaminadas a una reforma policial que sea garantista de la vida, y a la no repetición de casos de violencia policial en el país.