Entre comisiones y defensorías

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El Gobierno, a través de la Vicepresidencia, ha propuesto crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos para construir e implementar "una polí­tica nacional, departamental y local en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el fin de fortalecer la polí­tica del Estado en materia de derechos humanos" [1]. Puede ser una iniciativa positiva si se toman las cautelas para potenciar lo existente al respecto, entre lo cual sobresalen la Defensorí­a del Pueblo y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las comisiones nacionales de derechos humanos, al igual que las defensorí­as del pueblo, son modalidades de instituciones recomendadas por Naciones Unidas para fortalecer el Estado de derecho y promover y proteger los derechos humanos en cada paí­s [2]. En general, las naciones anglosajonas han preferido el modelo de comisiones, y las iberoamericanas el de defensorí­as, pero sus propósitos son los mismos y sus funciones son semejantes: asesorar a las autoridades estatales, educarlas a ellas y a la población en derechos humanos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Para ello, algunas pueden recibir quejas, adelantar investigaciones individuales o de situación y emitir dictámenes, en ocasiones vinculantes. La diferencia mayor consiste en su composición: por definición, las defensorí­as son unipersonales y las comisiones son órganos colegiados. Pero nada impide que una defensorí­a tenga un cuerpo colectivo de gobierno [3]. De hecho, la Defensorí­a del Pueblo en Colombia cuenta por ley con un consejo asesor, aun cuando no está activo [4].

Optar por una comisión nacional o por una defensorí­a es como preferir un régimen parlamentario o un régimen presidencial de gobierno. Cada cual tiene sus ventajas y desventajas, pero a fin de cuentas ambos sirven para organizar una democracia. Si se cambia de uno a otro hay que conservar los ministerios, el órgano legislativo y los jueces. Si en vez de la defensorí­a existente en el paí­s se llega a crear una comisión nacional de derechos humanos, hay que mantener sus funciones actuales y fortalecerlas, dándole mayor autoridad e independencia, pluralidad en su composición y suficiente solvencia financiera [5]. Esto no es nuevo: hay consenso universal al respecto por lo menos desde 1992, cuando se adoptaron los lineamientos sobre instituciones nacionales de derechos humanos [6].

También habrí­a que conservar, mientras permanezca la crisis de derechos humanos en el paí­s, el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Ni una Defensorí­a del Pueblo fortalecida, ni una Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden suplir el importante papel de asesorí­a y de supervisión que, a través de sus informes anuales al Consejo de Derechos Humanos, y de su cooperación permanente con el Estado y con la sociedad colombiana, suministra esa Oficina desde 1997. Si existe voluntad para superar dicha crisis, lo adecuado es fortalecer su mandato el tiempo que sea necesario para lograr la paz y la convivencia civilizada.