Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador
Según Sergio de Zubiría, en su Informe a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, "la desestructuración neoliberal del Estado" a partir de los años 90 "se constituye en una causa acumulativa del conflicto colombiano", "aunque no exista una relación de causalidad directa entre neoliberalismo y conflicto armado interno". Quizás habría podido decir lo mismo del resto de fenómenos que menciona en su reflexión teórica sobre la historia colombiana del último siglo. Uno es la conformación, desde los años veinte, de un Estado basado en "una clase plutocrática o una república elitista, beneficiaria exclusiva de lo estatal", que habría dado lugar a la configuración de un "Estado" o "Bloque de poder contrainsurgente", desde antes incluso de la aparición de la insurgencia. Otro de esos fenómenos es "el fracaso en la implementación práctica del reformismo, desde la década del treinta". Un tercer fenómeno sería "el cierre del universo político" desde los años cuarenta, con la utilización permanente del estado de sitio y "un miedo a la democracia" por parte de los sectores dominantes.
Ninguno de esos fenómenos puede ser calificado como causa eficiente o directa del conflicto armado, o de su persistencia, con base en el estudio del profesor de Zubiría. Y no podría serlo, porque su reflexión no analiza el conflicto armado, y no coteja estos fenómenos con lo que ha sido el desarrollo de dicho conflicto. En realidad, es más un diagnóstico del Estado colombiano y de sus falencias democráticas, a partir de una revisión histórica y bibliográfica de una docena de autores que han abordado esta temática desde diversas perspectivas.
En dicho diagnóstico incluye otros ingredientes que habrían agravado los ya mencionados, en el período del Frente Nacional, desde 1958 hasta antes de la Constitución del 91: "la degradación del Estado a un ámbito 'privatizado'; la expansión del terrorismo de Estado" y "la extensión de ideologías contra-insurgentes y anticomunistas"; y "la imposición de un proyecto de 'modernización contra la modernidad'", asunto que menciona varias veces sin explicarlo a fondo. Y destaca otros más después de 1991 hasta hoy: "la desestructuración progresiva y continuada de la dimensión estatal; el incremento de la conflictividad y la violencia desencadenadas por el modelo neoliberal; la ausencia de una política estatal de paz", en vez de la cual la paz se ha convertido en una bandera oscilante, según el presidente de turno.
Habría sido deseable que el informe hubiera profundizado ese diagnóstico, tarea que queda pendiente. Pero es valioso haber destacado y recordado varios de los elementos propiamente políticos que han sido caldo de cultivo para la conflictividad social en Colombia, y que se resumen en el carácter restringido y excluyente de la institucionalidad estatal, producto de diversos mecanismos, legales e ilegales. La existencia de instituciones formalmente democráticas oscurece con frecuencia sus graves restricciones. Sin estas últimas, la guerra no se habría dado en Colombia, así no sean su única causa. Para que el conflicto armado no se repita es necesario corregirlas a fondo, aunque no sea suficiente. Gracias, profesor de Zubiría.