Cincuenta y cinco años de reserva de información

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El proyecto de ley sobre inteligencia presentado por el Gobierno al Congreso amplí­a a 55 años la reserva de los documentos "clasificados" [1]. Un proyecto de ley anterior, declarado inconstitucional por la Corte debido a que no fue tramitado como ley estatutaria, lo elevaba a 40 años, en vez de 30 [2]. Da la impresión de que, entre más se revise este proyecto de ley, más lo endurece el Gobierno.

Hay un Reglamento de Combate de Contraguerrillas, adoptado por el Ejército en 1969 y actualizado en 1987, que incluye prácticas criminales [3]. Se vende en la calle y ya deberí­a ser conocido oficialmente por toda la población pues, según la ley actual, "la reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición" [4]. Sin embargo, el Ejército y el Consejo de Estado se han opuesto a autorizar su divulgación, argumentando que dicho reglamento está todaví­a vigente y que los treinta años de reserva deben contarse a partir del momento en que sea derogado [5]. Dicho reglamento deberí­a derogarse y publicarse de inmediato.

Entre tanto, el ministro de Defensa ha anunciado que "a nadie se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación polí­tica o su participación en organizaciones no gubernamentales o por su raza" [6]. Pero el proyecto de ley prevé que "bajo ninguna circunstancia" podrá ser divulgado el cambio de identidad de los agentes de inteligencia [7]. O sea que si el agente Pedro Pérez asesina a alguien, quedará impune, como James Bond. Además, el proyecto de ley pretende que "se les podrá negar a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales la entrega de documentos de carácter reservado cuya difusión ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, la integridad personal de los ciudadanos, los agentes o las fuentes" [8].

El proyecto prevé una Comisión parlamentaria de seguimiento a las actividades de inteligencia. En la anterior versión, dicha Comisión deberí­a incluir representantes de la oposición [9]. En el proyecto actual, deberá "procurar garantizar" la representación de movimientos o partidos de oposición [10]. Sutil diferencia.

Dicha Comisión no tendrí­a directamente la supervisión y el control de las actividades de inteligencia. Serí­a ejercida por los respectivos Inspectores en la fuerza pública, que reportarí­an al ministro de Defensa, o por el jefe de la oficina de control interno que reportarí­a al director de la UIAF, o por un inspector que reportarí­a al Presidente en relación con el reemplazo del actual DAS. ¿Qué garantí­a de transparencia serí­a eso teniendo en cuenta los notorios abusos en que han incurrido esas agencias?

El proyecto prevé una Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia, presidida por el Procurador General de la Nación 1[1]. Serí­a un procedimiento adecuado para dar cumplimiento por fin a las reiteradas recomendaciones internacionales al respecto. Su vigencia, sin embargo, serí­a de un año, cuando podrí­a ser permanente.

El anterior y el actual Gobierno se precian de que este proyecto de ley invoca los derechos humanos como guí­a de las actividades de inteligencia. No basta ello para evitar la práctica sistemática de crí­menes de Estado en aras de procurar la seguridad.