La masacre de El Salado, perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, por paramilitares en colaboración con agentes del Estado, es una herida que no ha terminado de sanar. De aquellos días de terror hemos conocido cruentas historias sobre torturas, casos de violencia sexual, degollamientos, esclavitud, decapitaciones y decenas de asesinatos contra una comunidad honrada del departamento de Bolívar.
Uno de los dramas que enfrentó la comunidad fue el de 10 familias que tuvieron que enterrar a sus seres queridos asesinados en la masacre en fosas comunes antes de salir huyendo de El Salado. Su dolor se perpetuó durante 13 años hasta que la Fiscalía General de la Nación finalmente les escuchó y exhumó los cuerpos de los 12 campesinos trabajadores, entre ellos dos mujeres, enterrados en el año 2000.
Sin embargo, el incumplimiento del deber institucional de la Fiscalía General de la Nación de exhumar los cuerpos de las fosas comunes, custodiarlos para salvaguardar los elementos de prueba, y, lo más importante, hacer entrega digna a sus familiares, trajo consigo la postergación del duelo, falta de claridad sobre las causas de la muerte de las víctimas y la pérdida de algunas estructuras óseas.
Las labores realizadas por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de Medicina Legal en año 2000 se desarrollaron en medio de precarias condiciones de seguridad ante el evidente accionar conjunto de paramilitares y de la Infantería de Marina; sin embargo, no justifica la actitud omisiva de la Fiscalía quienes a lo largo de 13 años no realizaron la exhumación ni brindaron custodia a los cuerpos.
Entrega de los restos de la familia Tapia
En julio de 2015, tras 15 años de espera, se realizó la entrega de los restos mortales de nueve de las 12 personas exhumadas de las fosas comunes y sus familiares finalmente les pudieron dar sepultura digna a sus seres queridos. Sin embargo, los cuerpos de Judith Margoth Fernández, Néstor Aníbal Tapia y José Manuel Tapia quedaron en custodia de la Fiscalía dado que las familias exigieron claridad sobre lo ocurrido con los cuerpos incompletos de sus seres queridos.
Hoy, 16 años después de ocurrida la masacre y cumplidos tres años desde que los cuerpos fueron exhumados de las fosas comunes, las familias Tapia Fernández y Tapia Novoa reciben de la Fiscalía los restos de sus seres queridos. âQueremos señalar que solicitamos que los restos de nuestros familiares fueran entregados no porque tengamos claridad de lo que sucedió con ellos, sino debido al desgaste y al daño que ha ocasionado en nosotros la larga espera a que nos ha sometido la Fiscalíaâ sostiene la familia Tapia.
Luego de este largo y doloroso camino, hoy finalmente los cuerpos incompletos de Judith Margoth, Néstor Aníbal y José Manuel, personas humildes, campesinas, trabajadoras y queridas por su comunidad, son entregados a sus familiares quienes les dan sepultura.
Así lo expresa su familia: âNuestros padres merecen, después de tantos años, el respeto que se les negó cuando los masacraron, que se les reconozca como personas valiosas, que fueron víctimas de un masacre histórica de este país, que eran personas importantes y reconocidas por su labor a favor de la comunidad; y como tal merecen descansar en un lugar seguro y dignoâ.
Desde la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Vínculos y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), acompañantes de la familia en estos años, manifestamos nuestra solidaridad y admiración con las familias Tapia Fernández y Tapia Novoa, así como respaldamos su exigencia de reparación integral, la dignificación de sus seres queridos, la búsqueda de explicación de las estructuras óseas desaparecidas y la sanción de los responsables de esta execrable masacre que aún se encuentra en la impunidad.
Comisión Colombiana de Juristas
Corporación Vínculos
15 de junio de 2016
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