Litigio internacional y contencioso administrativo

Comunidad de Bahía Portete inicia gira de incidencia en Bogotá para exigir su derecho a una reparación integral

El próximo 18 de abril se cumplen veinte años de la masacre de Bahía Portete, una de las más crueles en términos de violencia de género.

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Bogotá, 26 de febrero de 2024. A partir de este lunes hasta el próximo 29 de febrero integrantes de la comunidad wayuu de Bahía Portete liderarán una gira de incidencia en defensa de la vida, el territorio y su derecho a la reparación integral por los hechos ocurridos entre el 18 y 20 de abril de 2004 en ese territorio ancestral de la Alta Guajira, que se ha visto truncado desde hace más de cuatro años por una maniobra judicial del Ministerio de Defensa. 

Más de 40 paramilitares se dirigieron a algunas rancherías de las familias de Bahía Portete durante la mañana de ese 18 de abril y asesinaron a Margoth Fince Epinayú y Rosa Fince Uriana, lideresas sociales de la comunidad, Rubén Epinayú, y a Diana Fince Uriana y Reina Fince Pushaina, quienes fueron desaparecidas. Además de los homicidios cometidos por hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por José María Barros, alias Chema Bala, Arnulfo Sánchez, alias Pablo, y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, saquearon la escuela, puesto de salud, tiendas y casas, y profanaron los cementerios de las familias. 

Luego de que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentara una demanda de acción de grupo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en diciembre de 2017 la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad como consecuencia de la masacre y ordenó reparar integralmente a las víctimas. Cuatro años después, el Ministerio de Defensa interpuso un recurso extraordinario de revisión para dejar sin efectos esa decisión judicial que amparó los derechos de la comunidad de Bahía Portete, cuando la mitad de la comunidad había sido indemnizada. 

Han pasado más de cuatro años desde que se detuvo la reparación integral y se afectó a cerca de 111 familias wayuu que hoy le piden al Ministerio de Defensa que desista de las pretensiones del recurso de revisión presentado contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que se retomen los pagos a la comunidad.

Además de la reparación exigida por la masacre, que próximamente cumple 20 años de haberse cometido y que está reconocida judicialmente, la comunidad ha reclamado el acceso a servicios básicos: agua y energía, un puesto de salud y un centro educativo para los niños y niñas wayuu.

Esperamos que el Gobierno nacional pueda atender las solicitudes del pueblo étnico de Bahía Portete y que pueda ser reparado después de más de dos décadas de lo ocurrido. 

Comisión Colombiana de Juristas