Litigio internacional y contencioso administrativo

Entre el exilio y la desprotección estatal: caso de Martha Lucía González

Bogotá, 31 de agosto de 2023. Hoy se cumplen 35 años desde que Martha Lucía González, jueza segunda de orden público nombrada en marzo de 1988, tuvo que salir de Colombia por atentados en su contra debido a las investigaciones que adelantaba sobre las masacres en las fincas La Honduras, La Negra y Punta Coquitos, que ocurrieron ese mismo año en el municipio Turbo, Antioquia. En estos casos libró órdenes de detención contra líderes de estructuras paramilitares como la comandada por Fidel Castaño Gil, la de narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como la de agentes estatales. 

Como respuesta a las acciones violentas en contra de Martha Lucía y en aras de proteger su integridad, el Estado la nombró en la Embajada de Colombia ante la República de Indonesia y, posteriormente, fungió como cónsul en Madrid y Bilbao, España.

Tras ocho meses exiliada debido a las represalias sufridas por las investigaciones judiciales que adelantaba, el 4 de mayo de 1989 dos sicarios le dispararon a su padre, Álvaro González Santana, y a su esposa, Consuelo Gutiérrez. El señor Álvaro, dirigente político que se desempeñó como gobernador de Boyacá, concejal, diputado, representante a la Cámara y senador, falleció inmediatamente mientras que su acompañante resultó gravemente herida.

El día de su asesinato, González Santana se desplazaba desde la Universidad de la Salle, donde trabajaba como decano de la facultad de Administración de Empresas, hacia su casa; su esposa también laboraba en el mismo centro educativo como profesora de Economía.

Como consecuencia de lo ocurrido y de las constantes amenazas que recibieron, el resto de la familia González se tuvo que exiliar. Además, Martha Lucía fue retirada de su cargo como cónsul en el 2000, situación que la dejó en la absoluta desprotección por parte del Estado. 

Pese a que solicitó que se estudiara su situación de riesgo para regresar al país, las autoridades se negaron y condicionaron la realización de cualquier estudio o medida de protección, a pesar de que las amenazas y los hostigamientos continuaban. Hoy, cuando se cumplen 35 años de lo ocurrido, Martha Lucía y su familia no cuentan con condiciones suficientes para volver a Colombia.

Sumado a esto, las investigaciones sobre las amenazas sufridas y el asesinato del señor Álvaro aún no reflejan resultados significativos que permitan identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables. 

El caso de la jueza Martha Lucía y sus familiares se encuentra en trámite desde 2014 en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y ahora estamos a la espera de un informe de fondo que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, familia, libertad, circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial, y al trabajo.

Comisión Colombiana de Juristas