Litigio penal

Graves vulneraciones a las garantías judiciales durante las protestas del 28 de abril

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Bogotá, 29 de abril de 2021. Durante las protestas convocadas para el 28 de abril de 2021 fueron reportados hechos que afectaron los derechos fundamentales de los y las marchantes. Como parte de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), junto con otras organizaciones, se encargó de la representación de algunas de las personas que asistieron a las manifestaciones contra la reforma tributaria, el asesinato de líderes y lideresas sociales, las dificultades en el acceso a la salud, entre otros, quienes fueron detenidas durante las marchas.

La Policía Metropolitana de Bogotá negó el acceso de los y las abogadas representantes de algunos de estos manifestantes, quienes fueron sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica necesaria, violando así sus derechos fundamentales.

Juan David Rodríguez Monroy y Daniel Alejandro Fraile Monroy fueron dos de las personas detenidas ayer durante las manifestaciones del 28 de abril. A pesar de que el abogado de la CCJ se desplazó al Centro de Traslado por Protección (CTP) de Puente Aranda para asistirlos, le negaron hablar con los jóvenes, incluso contando con el poder de representación otorgado por las madres de los mismos. Aunque funcionarios de la Alcaldía y de la Policía Nacional del Puesto de Mando Unificado (PMU) aseguraron a los abogados de la CCJ que los jóvenes estaban en el CTP de Puente Aranda, uniformados de ese Centro manifestaron que no estaban allí, ignoraron la insistencia por parte de los representantes legales y no activaron ningún mecanismo para su ubicación.

Juan David y Daniel Alejandro estuvieron incomunicados por más de 12 horas, sin contar con la asistencia legal estipulada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El 29 de abril, y gracias a la insistencia de su abogado, fue posible encontrarlos dentro del CTP de Puente Aranda donde horas antes los habían negado. Ambos presentaban señales de tortura y golpes.

Estos jóvenes representados por la CCJ en el marco de la Campaña Defender la Libertad, fueron ocultados durante horas. Los patrulleros de la Policía asignados a la custodia, negaron la presencia de los capturados en el CTP, lo cual, sumado a la falta de comunicación con sus abogados, culminó en que la captura fuera declarada ilegal. Es importante mencionar que la Policía no devolvió los elementos que decomisó en la captura, entre ellos un celular que la madre de Daniel había comprado con mucho esfuerzo, pues es una vendedora ambulante.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas señalamos que los servidores públicos que están realizando estas detenciones sin el lleno de los procedimientos establecidos en la ley podrían estar incurriendo en el delito de desaparición forzada. Por ello, además de exigir que a todas las personas detenidas ayer 28 de abril les permitan comunicarse con sus familias y representantes judiciales inmediatamente, exigimos se abran las investigaciones penales y disciplinarias que conduzcan a esclarecer el comportamiento de los policías que las mantienen incomunicadas y a que esa institución adopte los correctivos del caso para que estas situaciones no sigan ocurriendo.

Además de todos los abusos cometidos ayer contra quienes protestaban, que según la Campaña Defender la Libertad dejaron un saldo de, al menos, 49 manifestantes heridos, 4 personas presuntamente asesinadas, 73 personas detenidas arbitrariamente, 14 allanamientos con presuntas irregularidades, 10 personas defensoras de derechos humanos agredidas, entre otras, resulta particularmente preocupante que se esté violando el debido proceso de las personas detenidas. En un Estado de derecho se deben asegurar las garantías judiciales a todas las personas a quienes se prive de la libertad, incluidas aquellas detenidas en contextos de protestas, pues se trata de los mínimos para asegurar su dignidad humana y su derecho a la vida.

Comisión Colombiana de Juristas