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Investigación revela patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia

Lunes 15 de marzo de 2021

La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Protección Internacional, OXFAM Y DIAKONIA, realizaron una investigación que evidencia la existencia de patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, en cuatro regiones del país. El estudio se presentará el martes 16 de marzo a las 8:30 am por Facebook Live.

Bogotá, 15 de marzo de 2021.  La identificación de los patrones de sistematicidad en las regiones de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano; sur de Córdoba; y nordeste y bajo Cauca Antioqueños[1] se realizó a partir de información de fuentes primarias en terreno y una base de datos consolidada[2] sobre homicidios a personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP.

Según la investigación, en el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en las cuatro regiones mencionadas, 255 personas fueron víctimas de homicidio; 213 de ellas fueron caracterizadas como personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 como excombatientes de las FARC-EP.

Aunque las regiones focalizadas tienen contextos específicos y dinámicas diferenciadas en las violaciones a los derechos humanos, la investigación concentró el análisis de estas zonas atendiendo a los siguientes aspectos:

-        El incremento de los hechos de violencia contra las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes, con posterioridad a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP).

-        Zonas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) y para la implementación del AFP en materia de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y de protección colectiva de comunidades y organizaciones.

-        Territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, en el marco de alianzas y disputa por el control social y territorial.

-        Territorios con existencia de conflictos ambientales, conflictos por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

Los patrones de homicidio identificados en las cuatro regiones son sistematicidad, estigmatización e impunidad:

Sistematicidad: Los sectores de liderazgo y defensa de los derechos humanos más victimizados son los comunales, indígenas, políticos, campesinos y sindicales. También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes, personas que lideran o participan en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que participan en procesos de restitución de tierras, y personas defensoras de los derechos ambientales y territoriales.

También se evidencia que las víctimas de asesinato habitaban regiones con contextos históricos de afectación, por ejemplo: el 90% de los casos documentados ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la falta de presencia estatal y la presencia de economías ilegales. El 90% ocurrieron en municipios priorizados para el desarrollo de PDETs. El 80% en municipios con presencia de cultivos de coca en alguno de los años 2016, 2017, 2018 o 2019; y casi en su totalidad los municipios tuvieron tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes durante los cinco años estudiados.

Estigmatización:Las amenazas constituyen una modalidad de agresión predominante. Están relacionadas con la estigmatización, pues mediante ellas, además de anunciar futuros asesinatos, desplazamientos forzados o torturas contra la persona defensora, miembros de su grupo familiar, comunidad y/u organizaciones, se les señala peyorativamente buscando justificar la amenaza.

De los 213 registros de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales analizados en la base de datos conjunta, 120 víctimas pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas, 57 víctimas pertenecían a organizaciones o movimientos políticos, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo cual indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición, los cuales son constantemente estigmatizados.

Impunidad:Respecto a los 213 casos de asesinatos a personas defensoras, líderes y lideresas sociales en las regiones de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano; sur de Córdoba; y nordeste y bajo Cauca Antioqueños, y los 42 casos de excombatientes, la Fiscalía General de la Nación (FGN) no aportó información que permitiera conocer la orientación de las investigaciones ni su avance en términos de la desarticulación de las organizaciones criminales que se presume están tras esos crímenes.

Además, el estudio identificó prácticas de la Fiscalía General de la Nación en el tratamiento y presentación de las cifras sobre la gestión de las investigaciones adelantadas por los homicidios que no cumplen los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

-      Emplea la categoría de avance en esclarecimiento, sin precisar en cuántos casos se consiguió establecer los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores.

-      La información difundida a la opinión pública por parte de la FGN no coincide con la actividad de judicialización realmente realizada. Por ejemplo, en los casos de los líderes Aquileo Mecheche, José Leandro Chavarría y Norberto Alonso Gutiérrez, ninguno de los capturados por el supuesto asesinato de estos líderes lo fueron por el delito de homicidio, sino por otros como concierto para delinquir o porte ilegal de armas.

-      No incluyen los casos documentados por la Defensoría del Pueblo ni por fuentes de las organizaciones de la sociedad civil. Toman como base solo las de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), a pesar de que el organismo ha advertido sobre el carácter provisional de sus registros y la necesidad de complementar con otras fuentes.

La respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción es el eslabón que falta en el análisis de la sistematicidad en el asesinato contra los líderes, lideresas sociales, personas defensoras y excombatientes.  

Tras exponer en detalle los hallazgos preliminares de esta investigación, que espera continuar estudiando patrones de sistematicidad en estas y otras regiones del país, el estudio formula una serie de recomendaciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar.

La presentación del informe se realizará:

Día: martes, 16 de marzo 2021
Hora: 8:30 a.m.
Transmisión vía: 

Más información:

Paola Sánchez, comunicadora y relacionista pública de la CCJ 321 8749523 paolasanchez@coljuristas.org

[1]Norte del Cauca: Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano: Apartadó, Carepa, Turbo, Mutatá, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y Riosucio; Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta; y Nordeste y Bajo Cauca antioqueño: Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Caucasia, El Bagre, Valdivia, Briceño y Zaragoza.

[2]La base de datos conjunta, analizada en este avance de investigación vincula información de siete bases de datos aportadas por el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/PPP, la Fundación Forjando Futuros; la Fundación Paz y Reconciliación, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas.

 

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