Puerto Nuevo necesita un puente seguro, la comunidad pide a la Corte Constitucional que ampare sus derechos

Bogotá, 17 de febrero de 2025. La comunidad del corregimiento de Puerto Nuevo, municipio Montelíbano, Córdoba, integrada mayoritariamente por población víctima del conflicto armado, campesinos e indígenas del pueblo Zenú, enfrenta una situación de extremo riesgo debido a la ausencia de un puente seguro para atravesar la quebrada El Perro.  

Esta infraestructura es vital para la conexión del corregimiento con la cabecera municipal y el acceso a servicios esenciales. La falta del puente ha llevado a los habitantes a construir estructuras provisionales con recursos propios, exponiéndose a accidentes y riesgos mortales.

Casos como el de Emiliano Martínez, quien sufrió un accidente y debió ser trasladado de manera precaria en una balsa inestable, o el de Olieth de Jesús Zabaleta, cuyo motocarro cayó cuando intentaba cruzar el puente improvisado, dan cuenta de la precariedad. Los niños, niñas y adolescentes de la comunidad también enfrentan barreras para acceder a su escuela, ya que en épocas de lluvias el paso se vuelve imposible, situación que provoca ausentismo y deserción escolar. Estas y otras situaciones demuestran la urgencia de una solución estructural.

A pesar de las solicitudes y compromisos adquiridos por el Estado y la empresa Cerro Matoso para la construcción del puente, el proyecto ha sido pospuesto de forma injustificada. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) había priorizado la obra bajo el mecanismo de "obras por impuestos", pero la empresa argumentó razones de fuerza mayor para no ejecutar el proyecto.

Frente a esta crisis humanitaria, los habitantes de Puerto Nuevo presentaron una acción de tutela el 20 de junio de 2024, la cual fue negada en primera y segunda instancia argumentando que se trataba de una presunta vulneración de derechos colectivos y que por ello se debía acceder a una acción popular y no a una tutela; además, consideraron que no existía un riesgo inminente y grave, dado que la comunidad había construido un puente artesanal. Sin embargo, esta decisión desconoce la realidad del corregimiento.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que revise este caso y emita un fallo que garantice la protección de los derechos fundamentales de las y los habitantes de Puerto Nuevo. El Estado no debe ignorar su responsabilidad en la garantía de condiciones mínimas de seguridad y acceso a derechos esenciales.

Comisión Colombiana de Juristas