La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) realiza un seguimiento constante al trabajo del Congreso de la República. En esta ocasión presentamos nuestro segundo balance legislativo del cuatrienio 2022 – 2026, el cual se centra en los proyectos de ley y de acto legislativo relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y de las 67 recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), con especial énfasis en aquellos temas que abordan cuestiones de género.

Agosto fue el mes más peligroso en lo que va del año para el ejercer el liderazgo social y la defensa de derechos humanos en Colombia, hubo 22 homicidios, 12 más que en julio.  

Camila Zuluaga, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, participó en la sesión #57 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, y realizó tres intervenciones.  La primera acerca del informe del Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la segunda con relación al informe del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales; y la tercera respecto al informe del Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas.  #HRC57

El 25 de septiembre acompañamos una audiencia de seguimiento sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la masacre de Pueblo Bello, Antioquia, que ocurrió el 14 de enero de 1990, en la que paramilitares y agentes estatales desaparecieron forzadamente a 43 campesinos.  Junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -Cejil-, expusimos nuestra preocupación por la impunidad que ha rodeado el caso por más de 30 años, la falta de acciones para la localización e identificación de los desaparecidos, las difíciles condiciones de seguridad en la región y las dificultades para la construcción del monumento.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 18 de septiembre de 2024 en contra del entonces coronel Manuel Antonio González Henríquez, como coautor impropio del magnicidio de Carlos Pizarro al haber facilitado la acción del aparato criminal, y lo acusó de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

Según el ente investigador, esto se evidenció en el movimiento de personal en el esquema de seguridad del candidato presidencial, que permitió al escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz asesinar al sicario Gerardo Gutiérrez, aun cuando este último ya se había entregado tras cometer el asesinato.