18 de diciembre de 2024. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó hace más de 19 años la construcción de un monumento en memoria de las 43 víctimas de desaparición forzada, de Pueblo Bello, Antioquia, el proyecto sigue enfrentando graves retrasos y obstáculos que reflejan la falta de compromiso del Estado colombiano con estas familias. Adicionalmente, el 21 de noviembre de este año, los agentes de Policía asignados a este territorio abandonaron el puesto de policía de Pueblo Bello, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad.
El 29 de mayo y el 9 de julio de 2024, se socializó el diseño del monumento en Turbo, Antioquia, con la participación de familiares, el Comité Coordinador de Pueblo Bello y el Ministerio de las Culturas. En la última sesión, se anunció la disponibilidad de fondos para lanzar el proceso de licitación de la construcción en septiembre de 2024.
Sin embargo, a la fecha el Ministerio de las Culturas no cuenta con los recursos para su construcción en la vigencia 2024, ni están presupuestados en la vigencia 2025, a pesar de que se comprometió a buscar una ruta para su financiamiento con el Ministerio de Hacienda, en la audiencia de supervisión de la sentencia ante la Corte IDH el 5 de septiembre de 2024. Por estas razones, queda abierta la posibilidad de que este gobierno no logre construir el monumento.
El 9 de diciembre de este año, el Estado reconoció la falta de claridad presupuestal para 2025 y la ausencia de un cronograma definido, ante los familiares de las víctimas de Pueblo Bello, en Turbo, Antioquia. Todo lo anterior genera el riesgo de que los estudios realizados se pierdan si la obra no se ejecuta en el mediano plano, debido a los cambios en las normas técnicas de construcción.
Al panorama anterior se suma el desmonte del puesto de Policía de Pueblo Bello, lo que constituye un retroceso en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH en materia de garantías de seguridad y retorno para las víctimas. Esto fue reportado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) al Ministerio de Relaciones Exteriores, destacando la relación de este hecho con lo ordenado por la Corte IDH. La CCJ también hizo consultas al Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Turbo, no obstante, no han reportado acciones concretas para abordar esta situación.
Las víctimas han esperado por casi dos décadas una reparación simbólica que honre la memoria de quienes fueron desaparecidos y que permita cerrar un capítulo de dolor e impunidad, y cuando esto parecía materializase, el Estado no aseguró los recursos necesarios. Estos incumplimientos constituyen una violación a las obligaciones internacionales del Estado colombiano y prolonga el sufrimiento de la comunidad afectada.
Exigimos que el gobierno asegure los recursos necesarios para el monumento, presente un cronograma claro y verificable que garantice su ejecución, y que de forma inmediata retorne el puesto de Policía de Pueblo Bello.
Comisión Colombiana de Juristas