Señor Presidente:
Saludamos la primera visita del Grupo de Trabajo a Colombia desde su creación en 2011. Destacamos que la actividad empresarial en el país ha contribuido a graves violaciones de derechos humanos sin que las víctimas reciban una reparación integral. Algunos puntos clave a considerar durante esta visita son:
En Colombia no existen mecanismos legales obligatorios para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Esto ha permitido que diversas empresas financien y patrocinen actores armados durante el conflicto, ya sea de manera activa cooperando o instigando, o de manera pasiva tolerando y omitiendo la debida diligencia[1].
La respuesta judicial frente a las acciones de las empresas es insuficiente. Hay escasas condenas por su participación en violaciones de derechos humanos. En 35 sentencias del proceso de Justicia y Paz entre 2011 y 2015, se mencionaron al menos 439 actores empresariales; y en los procesos de restitución de tierras, más de 3.000 casos vinculan a sectores ganaderos, agroindustriales y extractivos que han acumulado tierras[2].
Aunque existe el macrocaso 08 en la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y otros agentes en colaboración con grupos paramilitares o civiles, preocupa que la comparecencia a estos procesos por parte de terceros sea voluntaria, limitándose en la práctica a quienes ya han sido condenados en la justicia ordinaria con el objetivo de reducir penas. Esto requiere un apoyo coordinado de la justicia ordinaria a esta jurisdicción.
Gracias, Señor Presidente.
[1] Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. “Hay Futuro si Hay Verdad. Informe Final: Hallazgos y Recomendaciones”, pág. 181, (2022).
[2] Ibídem, pág. 296.