Las víctimas y organizaciones solicitan la creación de una Subcomisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, articulada al mandato y funcionamiento de la Comisión de la Verdad. El mandato de dicha Subcomisión consistiría en recibir, formular, evaluar y debatir propuestas de reformas, diseños institucionales y legales que den respuesta a las causas de la violencia política.
Se solicita recomendar al Gobierno Nacional ratificar los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, en consecuencia, que se reconozca la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos en Colombia.
Se solicita hacer un llamado al Congreso de la República para que apruebe una reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que permita la ampliación del registro de las víctimas y su vigencia, dado que ésta expira en el 2021; de manera que el SIVJRNR pueda articularse con la normatividad previa para cumplir con sus objetivos de reparación.
Asegurará que todas las víctimas de los casos narrados en el presente informe y sus familiares se incluyan en el Registro Único de Víctimas creado por la Ley 1448/11.
Instar al Congreso de la República para que apruebe una reforma constitucional que cree las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales.
Exhortar al Congreso de la República para que apruebe el Proyecto de Acto Legislativo 764 de 2019, mediante el cual se prevé que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sea un ente autónomo de la Fiscalía General de la Nación.
Hacer un llamado a que no se aplique un mecanismo de selección de casos al crimen de desaparición forzada, que deje a las víctimas sin una respuesta judicial o extrajudicial dentro del Sistema.
Exhortar al Estado colombiano para que garantice el presupuesto necesario para el funcionamiento de todas las entidades del SIVJRNR y particularmente a la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Impulsar medidas efectivas para garantizar que las Fuerzas Militares estén subordinadas y bajo el control de las autoridades civiles y que observen su carácter no deliberante establecidos por la Constitución Política (artículos 217 y 219); la disminución considerable del pie de fuerza y del gasto público destinado para la guerra, que incluye la eliminación del servicio militar obligatorio y la constitución de un servicio social para la paz.3
Exhortar la depuración de los miembros que estén involucrados en graves casos de violaciones a los derechos humanos, renovación de funcionarios, mecanismos de evaluación y seguimiento que fortalezcan la función pública y el sector privado, en particular empresas privadas vinculadas al sector de seguridad, que hayan impulsado o contribuido a prácticas violatorias a los derechos humanos.
Impulsar al Congreso de la República para el establecimiento de un mecanismo independiente de control de ascensos de los integrantes de la Fuerza Pública, que permita la participación de organizaciones de la sociedad civil, y que limite el ascenso en la carrera de integrantes de la Fuerza Pública comprometidos en la comisión de violaciones a derechos humanos.
La transformación de la Policía Nacional en un cuerpo civil bajo la dependencia del Ministerio del Interior, desmilitarización de su doctrina y práctica, para que sea compatible con las funciones del mantenimiento de la seguridad ciudadana, el respeto y ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Exhortar la revisión de las doctrinas militares con la finalidad de erradicar lógicas y prácticas que identifican a amplios sectores sociales de la población civil con el concepto de “enemigo interno”.
Impulsar una política de archivos y acceso a los datos que permita la identificación de información, que evidencie violaciones a los derechos humanos, búsqueda y recuperación de archivos ocultos, y la exclusión de archivos donde exista información de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Poner en marcha medidas tendientes a erradicar los vínculos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares o denominados como sucesores de estos grupos.
Exhortar la adopción de medidas orientadas al cumplimiento de los puntos sobre garantías de seguridad incluidos en el Acuerdo Final de Paz, relativos al Sistema de Seguridad en el Ejercicio de la Política (SISEP), que tiene el objetivo de establecer condiciones para consolidar la participación democrática en el país, y garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política y la defensa de los derechos humanos.
Se solicita se acojan los lineamientos de política pública para el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, presentada en el mes de agosto de 2019 al Gobierno Nacional por delegados y delegadas de la sociedad civil a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Impulsar el fortalecimiento del presupuesto al sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, SAT, de la Defensoría del Pueblo, que permita fortalecer el monitoreo de las expresiones de violencia y contribuir a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. Así mismo, se ordene la articulación con la Procuraduría General de la Nación para efecto que se investigue y sancione a los servidores públicos que omitan el cumplimiento de las recomendaciones.
