Comunicación y RRPP

Estado y demandantes chocan por desaparición de sindicalista en Colombia

En: El País (Costa Rica)

---

San José, 31 ene (EFE).- Los demandantes solicitaron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena contra el Estado colombiano por la desaparición forzada del sindicalista Víctor Manuel Isaza en 1987, mientras los agentes estatales se negaron a calificar de esa forma los hechos.

En el segundo y último día de audiencia ante la Corte, con sede en Costa Rica, la representación del Estado aseguró que lo ocurrido a Isaza no es una desaparición forzada, pues considera que no existen pruebas de la participación de funcionarios estatales.

La agente estatal Ángela Ramírez expuso en los alegatos finales que el Estado “reconoce su responsabilidad sobre algunos de los hechos del caso”, pero negó rotundamente que se trate de una desaparición forzada.

“El Estado acepta su responsabilidad, pues Víctor Manuel Isaza se encontraba bajo custodia cuando fue sustraído por un grupo armado, pero ello no implica que el Estado acepte que lo que ocurrió sea una desaparición forzada porque no ha sido evidenciada la participación de agentes estatales”, expresó Ramírez.

Ramírez también aceptó la responsabilidad del Estado por “no haber adelantado con la debida diligencia el proceso y porque se ha presentado demora prolongada en la investigación”, así como por la existencia de “irregularidades en ciertas diligencias”.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, aseguró que sí se trata de una desaparición forzada y que para negarlo el Estado debe primero llevar a cabo una “investigación diligente” del caso, lo cual no ha ocurrido.

“Es contradictorio que el Estado se excuse basado en una mera hipótesis. El Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre la desaparición del señor Isaza, quien se encontraba bajo su custodia, por lo que la desaparición forzada le es atribuible al Estado”, aseguró el presidente de la Comisión, ente encargado de presentar las demandas contra los Estados ante la Corte.

Según la demanda, Isaza fue desaparecido el 19 de noviembre de 1987 por paramilitares que actuaban por la aquiescencia o colaboración de la Fuerza Pública colombiana, cuando fue sustraído de la cárcel en Puerto Nare, en el departamento de Antioquia.

El hombre, cuyo paradero se desconoce, era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción y simpatizante del partido político Unión Patriótica.

Eguiguren detalló que hay “cuatro contextos” en los que se enmarca este caso: “el exterminio de integrantes del sindicato y de Unión Patriótica; el paramilitarismo en la zona que actuaba en coordinación con la Fuerza Pública; los manuales sobre doctrina de seguridad y la noción de enemigo interno”.

Según la representación de la víctima, a cargo de la Comisión Colombiana de Juristas, en la época ocurrió un “exterminio” contra 25 miembros del sindicato, pues se les consideraba subversivos, y que en ese entonces el Estado no hizo nada para acabar con ese contexto o tomar medidas preventivas.

“Exterminaron a los miembros de dos juntas directivas del sindicato, antiguos militantes de Partido Unión Patriótica, a varios concejales que aspiraban a la alcaldía, todo con la complicidad de autoridades militares, policías de la localidad, del Departamento y de la nación que no reaccionaron ante los asesinatos”, dijo el representante de las víctimas Gustavo Gallón.

La Comisión y los representantes de las víctimas pidieron una “reparación integral” para la familia de Isaza, así como una condena al Estado por desaparición forzada y falta de una investigación diligente para identificar y sancionar a los responsables.

Entre las peticiones a la Corte también sobresale que ordene la desclasificación de los manuales de inteligencia y seguridad de las autoridades colombianas de la época y su derogación en caso de estar vigentes en la actualidad.

La representación estatal afirmó que el Gobierno colombiano ha avanzado desde finales de la década de 1980 en el combate a grupos paramilitares y que se han llevado a cabo investigaciones sobre el caso de Isaza, aunque no con la diligencia requerida.

Además, aseguró que hay un proceso para la reparación colectiva de sindicalistas víctimas del conflicto armado del país.

A partir de hoy las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales escritos y posteriormente la Corte emitirá un fallo, en un plazo no determinado. EFE

https://www.elpais.cr/2018/01/31/estado-y-demandantes-chocan-por-desaparicion-de-sindicalista-en-colombia/