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¿A qué sabe la Reforma Rural Integral?: aún agridulce para las comunidades

Por Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia

Miércoles 22 de noviembre de 2017

Comunidades rurales y voces académicas coinciden en que la Política de Desarrollo  Agrario Integral –pactada en La Habana– es esencial para acelerar el desarrollo del  campo; no obstante, también concuerdan en que aún son muy limitados sus  alcances, debido a las diversas interpretaciones e intereses de por medio. Esta  sensación quedó reflejada en los dos foros ¿A qué sabe la RRI?, realizados  por el Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, de las facultades de Derecho,  Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias Económicas de la UN.

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2017 (Comunicaciones FCE). Aunque el conflicto armado acabó formalmente con la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc, el conflicto social permanece intacto en la mayor parte de los sectores rurales del país; por eso, según Alirio García, uno de los líderes de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), seguirán los bloqueos de carreteras y la presión al Estado por parte de los campesinos. Así lo manifestó en el Simposio ¿A qué sabe la RRI?, que reunió a voceros sociales, académicos y expertos juristas que hablaron sobre la Reforma Rural Integral (RRI) que se pactó en los acuerdos de La Habana.

El evento organizado por el Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, se realizó en dos jornadas: el 18 de octubre y el 2 de noviembre.

Alirio García sostuvo que las guerras en el campo no se resolverán hasta que la Política de Desarrollo Agrario Integral deje de ser una promesa. "A los campesinos nos toca seguir en pie de lucha para que el problema de la tierra se resuelva. En el Cauca, Catatumbo, Antioquia, Putumayo y Caquetá, entre otras regiones, seguimos obligados a movilizarnos para que nos cumplan".

Para Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencias Políticas UN e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, el campesino colombiano seguirá protestando al no ver mejorar sus condiciones de vida. "La implementación de los acuerdos es absolutamente lenta y con más interés de abrirle paso a formas de agricultura comercial y no de favorecer el campesinado. A esto se suma reducciones importantes en el presupuesto del 2018 para el agro. Por otra parte, varios decretos no han sido consultados; por ejemplo, con los pueblos afrodescendientes".

El académico agregó que dentro de la RRI se han regulado temas como el ordenamiento del territorio (es el caso de los Programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial –PEDET), los fondos de tierras y la formalización; pero el punto central del acuerdo, que es focalizar la acción del Estado en facilitar el desarrollo productivo del campesinado, se encuentra mediatizado por otros intereses que buscan priorizar la agroindustria. Aclaró que no está mal que coexistan distintos sistemas de producción; pero recuerda que el objetivo central del acuerdo consiste en focalizarse en los sectores más excluidos y discriminados históricamente.

"Tengo la convicción de que el punto cuatro, referente a drogas de uso ilícito, no tendrá éxito si no se avanza en la reforma rural, en que se garantice la presencia del Estado civil en los territorios y en que el campesinado con capacidad productiva probada tenga mejores oportunidades, así como más acceso a tierras, bienes públicos e infraestructuras. Ahí tenemos un problema grande, debido a que la polarización política relativiza muchos de estos temas; por ejemplo, el Congreso le da prioridad a la reforma política, pero no a la agraria", señaló el profesor Romero.

Entre tanto, Carlos Duarte, antropólogo del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y coordinador de la línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, indicó que, precisamente, una de las mayores polémicas es si lo acordado en La Habana era solo para beneficiar a los campesinos pobres o, como está sucediendo, favorecer también a los medianos y poderosos sujetos agrarios. Por otra parte, dijo que un elemento bastante discutido es el Fondo de Tierras.

"Se estableció que serán tres millones de hectáreas para adjudicar y siete millones para formalizar, pero el Decreto 902 del 29 de mayo de 2017 lo que hace es constituirlo y generar los procedimientos a través de los cuales se organizará el acceso a tierras a través de dos cuentas, una para campesinos y otra para comunidades indígenas; en ese sentido, se discute por qué otros sujetos étnicos no tienen una cuenta especial, como los afrodescendientes; se espera una solución al respecto", dijo Duarte, quien fue uno de los expositores del Simposio ¿A qué sabe la RRI?

Respaldo académico

Gracias al papel de la academia en analizar lo acordado en La Habana, varias comunidades se sienten respaldadas en su empeño de hacer cumplir las transformaciones sociales prometidas. Así lo manifestó Sofía Garzón Valencia, lideresa del grupo Proceso de Comunidades Negras, quien aseguró que desde las organizaciones consideran muy importante que instituciones como la UN reconozcan que la construcción de la paz se logra con la incorporación de diversas visiones. "El Laboratorio Espacio, Economía y Poder, de la Nacional, está ayudando a establecer puentes sin subordinar un relato sobre otro. Así es que podremos tener reflexiones que lleven a transformaciones reales con políticas públicas efectivas en desarrollo rural".

Una de las conclusiones generales del Simposio, en el que participaron académicos de diversas áreas y representantes de varios grupos sociales, es que la Reforma Rural Integral hasta el momento tiene un sabor agridulce, retomando la expresión de Jhenifer Mojica Flores, de la Comisión Colombiana de Juristas. Según la experta, la RRI es una ventana de oportunidades para que, finalmente, el Estado responda a las necesidades históricas de la población campesina, que son las causas del conflicto. Hasta el momento, enfatizó, hay un sabor amargo porque el estado actual de la política agraria es bastante difícil.

"El país necesita reordenar las tierras por la inequidad casi absoluta que existe en el acceso. Esto implica afectar el statu quo, pero el escenario político actual es adverso e, incluso, va en contravía del proceso de paz. Las reformas actuales siguen centrándose en el modelo extractivista, agroindustrial, minero y de grandes concentraciones de tierras en pocas manos. Por eso, es necesario que los campesinos, las organizaciones acompañantes y, en general, todo el movimiento agrario, incluida la población étnica, se apropie del acuerdo y lo haga exigible", destacó la jurista.

William Chavarro-Rojas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y líder del Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, aseguró que el simposio ¿A qué sabe la RRI? lo que buscó fue abrir espacios de diálogo, construir nuevo conocimiento en torno a los acuerdos de paz y elevar el protagonismo de las comunidades rurales, porque son ellas las directamente afectadas por las decisiones oficiales.

Para ver los testimonios de los participantes al Simposio ¿A qué sabe la RRI?, siga el enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8smqjpMAytXUJ-dncD3UOXOAgrp0EVxK