Comunicación y RRPP

17 años de la desaparición de Ángel Quintero y Claudia Monsalve

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El 6 de octubre de 2000, sobre las 10:15 pm, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsavle Pulgarín, activistas y defensores de derechos humanos, miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, Seccional Medellín, fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el cruce de la Carrera Bolívar con la Calle Amador en el centro de la ciudad de Medellín. Desde ese momento están detenidos-desaparecidos.

Claudia Patricia y Ángel José se habían incorporado a ASFADDES para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública. A raíz de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, la línea telefónica fija de la organización, estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un Fiscal adscrito al GAULA Urbano de Medellín, descubriéndose con ello la más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de la unidad policial, actividad delictiva que se inició con, el hoy general, Mauricio Santoyo Velasco quien se encuentra recluido en una cárcel de EE.UU por narcotráfico y quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El viernes 6 de octubre, Ángel había ido a declarar a la Fiscalía en la ciudad de Medellín sobre la desaparición forzada de sus cuñados, diligencia que se había coordinado a través del teléfono de ASFADDES.

Desde la perpetración del crimen han pasado más de cinco fiscales sin que se logren resultados concretos y significativos en el proceso penal, aun teniendo elementos probatorios que permitirían avanzar contra el personal del GAULA Urbano de Medellín, con el fin de establecer el grado de involucramiento, conocimiento y participación en la desaparición forzada de Ángel José y Claudia Patricia.

Tras la decisión de la justicia estadounidense en el año 2012 de procesar al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización catalogada por el Departamento de Estado como terrorista, en octubre de 2013 se decide que se le vincule formalmente al caso de los activistas de ASFADDES.

Han transcurrido cuatro años de dicha decisión y Santoyo Velasco ni siquiera ha presentado indagatoria. Luego de ser reasignado el caso, de una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a una Fiscalía de la Dirección de Justicia Transicional, de manera injustificada y totalmente denegatoria del derecho de acceso a la justicia de las víctimas, hoy no se cuenta con Fiscal titular de la investigación pues el despacho que la tenía a su cargo, la Fiscalía 39, fue suprimida, y no se ha tomado prontamente determinación respecto de su nuevo instructor. Han transcurrido seis meses desde este acontecimiento y aun no hay respuesta por parte de la Fiscalía a tan inexplicable e irregular situación.
La más profunda preocupación de los familiares y de la Comisión Colombiana de Juristas como sus representantes, es el paso del tiempo sin mayores avances frente a la situación judicial del sindicado Santoyo Velasco quien puede solicitar libertad bajo palabra, sin ninguna garantía de que comparecerá ante la justicia ordinaria colombiana a responder por este caso. Por consiguiente, de manera similar a lo sucedido con los jefes paramilitares extraditados, el delito de tráfico de estupefacientes dejará en un limbo jurídico y de impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por él.

Exigimos que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación resuelva la incertidumbre sobre el despacho y funcionario que asumirá la investigación penal, asimismo, pedimos que se adelanten todas las diligencias correspondientes para esclarecer la presunta participación del general (r) Mauricio Santoyo Velasco en el crimen, y que se garantice su comparecencia a la justicia colombiana. Igualmente, exigimos el adelantamiento de un plan de búsqueda estructurado, serio y acorde con las pruebas recolectadas en el proceso que permitan dar con el paradero de Ángel y Claudia.

Finalmente, exigimos que se desplieguen las acciones pertinentes sin demora como mecanismo de garantía de la verdad y la justicia para las víctimas de este lamentable y paradigmático ataque contra la comunidad de defensores de derechos humanos en Colombia.

No olvidamos, exigimos verdad, justicia y reparación integral hasta encontrarlos.