Litigio internacional y contencioso administrativo

Caso de Noel Emirio Omeara en Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 28 de enero de 1994, José Erminso Sepúlveda Saravia – Secretario Privado del Alcalde de Aguachica por el partido político Movimiento de Acción Comunitaria (MAC)—, se dirigía a almorzar al restaurante "San Roque", ubicado cerca del edificio de la alcaldía municipal y las sedes de la fuerza pública, las Unidades Antisecuestro y Extorsión (UNASE), y servicios de inteligencia,el DAS. Al dirigirse a comer, se encontró con el señor Noel Emiro Omeara Carrascal, un ganadero de la región quien le dijo querer resolver un problema de impuestos. En respuesta a este pedido, el Sr. Sepúlveda lo invitó a que almorzaran juntos y se sentaron en una mesa al fondo del restaurante. Mientras almorzaban, un grupo de hombres armados entró al restaurante, matando al Sr. Sepúlveda y mortalmente hiriendo al Sr. Omeara, quien fallecería seis meses después del atentado.

En el contexto en el que desarrollaron los hechos, queda claro que el atentado tenía como blanco principal al Sr. Sepúlveda quien, en denuncias previas, había reportado ser sujeto a amenazas de muerte y hostigamientos por su afiliación al partido de la oposición política, el MAC. Pero ninguna de estas denuncias fue investigada.  Por otra parte, la muerte del Sr. Sepúlveda ocurre en un momento en el cual muchos de los y las integrantes de su partido –un movimiento político comunitario para dar respuesta a los problemas de los campesinos en vez de servir los intereses de los grandes terratenientes de la zona—, pasaron de ser hostigados a ser eliminados por grupos paramilitares vinculados con agentes estatales. Según las cifras recopiladas de esta época, de 96 asesinatos políticos perpetrados por las fuerzas de seguridad y/o grupos paramilitares en 1978, se pasó a 594 en 1983 y a 1.115 en 1999. El objetivo de esta depuración era de eliminar a todas las personas señaladas como subversivas, entre ellas los integrantes del MAC.

Pero como consecuencia particular, el atentado en contra del Sr. Sepúlveda  le cobró la vida a su compañero del almuerzo, Noel Emirio Omeara. La muerte del Sr. Omeara evidenció como el conflicto armado interno colombiano provocaba daños a la población civil con impactos desmesurados. A pesar de  no haber sido el blanco del asesinato, la muerte de Noel Emiro Omeara se convirtió en un problema para los responsables del atentado, quienes buscaban ocultar la evidencia de su responsabilidad silenciando a los familiares que denunciaran o se pusieran a investigar los hechos. Esto resulto en que,  para la familia Omeara, los daños se extenderían en el tiempo, simplemente por el hecho de que la cabeza de familia se encontraba en el sitio equivocado en el momento equivocado.

Así, al mes de la muerte del Sr. Omeara, el 26 de agosto de 1994, su hijo Manuel Guillermo Omeara –quien buscaba por su propia cuenta ratificar quienes eran los responsables de la muerte de su padre por miedo de presentar una denuncia formal—, fue desaparecido, torturado y ejecutado extrajudicialmente. Sus restos fueron rescatados el 23 de septiembre de 1994. Dos meses después de la desaparición forzada de Manuel Guillermo y un mes después de que se encontrara su cadáver,  su suegro Héctor Álvarez Sánchez entraba a su casa con su nieta de cinco años, Claudia Marcela Omeara Álvarez, cuando fue víctima de un atentado por dos hombres armados subidos en una motocicleta.  Hector Álvarez había sido uno de los declarantes en la apertura de la investigación de su yerno, manifestando que al presentar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos de la desaparición había "firmado [su] sentencia de muerte". Aunque no murió inmediatamente después del atentado, quedó  parapléjico, sin facultades para hablar. El resto de los familiares quedaron en estado de desprotección y al paso de los días, se vieron obligados a desplazarse de Aguachica.

Debido a las irregularidades y deficiencias en las investigaciones, muchas de las cuales ocurrieron en los primeros años y formaron parte de las omisiones y acciones deliberadas en las que incurrió el Estado para obstruir la justicia, los familiares acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la representación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  Habiendo transcurrido 22 años desde los hechos, los crímenes permanecen en la impunidad. Se espera que el 25 al 26 de mayo del 2017, la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituya un paso hacia verdad, justicia y reparación para las víctimas.

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