Litigio en tierras y derechos territoriales

XIV Clínica jurídica sobre restitución de tierras
“Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017”

Fecha: Lunes 10 de septiembre de 2018

Hora: 9:00 am -12:00 pm

Lugar: Club de Ejecutivos - Carrera 7 No. 26-20 -  Salón Inglés.

Por reglamento del lugar no se puede asistir con zapatos deportivos (tenis) ni jeans.

Cupos limitados. Por favor, confirme su inscripción lo más pronto posible .

Introducción

La Comisión Colombiana de Juristas, en el marco de su proyecto de restitución de tierras, ha adelantado una serie de acciones de investigación, incidencia y participación en aras de fortalecer su litigio, así como el proceso de restitución de tierras en general y, con esto, la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. Dentro de dichas acciones, la CCJ ha organizado una serie de clínicas jurídicas que buscan incentivar la participación y el debate entre distintos actores que inciden en el proceso de restitución de tierras.

Para la catorceava edición de las clínicas, se discutirá sobre el balance de la implementación de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras consagrado en la ley 1448 de 2011. Particularmente el objetivo es discutir sobre los resultados de esta gestión a partir de la presentación del informe de la CCJ “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017”. Contrario a lo sostenido por el Gobierno nacional en el decreto 1167 de 2018, el cual busca darle cierre a la etapa administrativa al introducir un plazo perentorio para la presentación de solicitudes de restitución, este informe sostiene que la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras requiere ser revitalizada. Esto debido a que la gestión de la URT para estudiar y decidir sobre la inscripción de solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente- RTDAF- no ha sido gradual, progresiva, ni sostenida en el tiempo. El informe da cuenta de que los avances en la implementación del RTDAF han sido inconstante. Mientras en el periodo 2012-2014, la URT mostró avances insuficientes en el procesamiento de solicitudes, en el periodo 2015-2017 estos avances cambiaron drásticamente reportando resultados superiores al 100% con respecto a las metas trazadas por la entidad. Este cambio no se debe exclusivamente al aprendizaje progresivo de la URT ni a modificaciones sustanciales en la destinación de recursos para desarrollar esta actividad.

El cambio en los reportes de avance en el cumplimiento de las metas sobre procesamiento de solicitudes se dio principalmente por reformas en los indicadores y metas de la entidad. Sumado a ello, el incremento en la productividad de la URT a la hora de tramitar solicitudes se dio por una disminución sustancial en la tasa de inscripción de solicitudes en el RTDAF. Esta cuestión se generó, entre otras, debido a reformas normativas y estrategias operativas que aumentaron los requisitos de inscripción de solicitudes en el RTDAF y que pudieron motivar la evacuación de solicitudes acumuladas a través de negaciones. Esta cuestión se evidencia en el análisis del impacto que tuvieron en el segundo periodo, 2015-2017, las decisiones de no inscripción, las negaciones de inicio formal del estudio y los decretos de desistimiento en el universo total de solicitudes procesadas por la URT a diciembre 2017. El peso de este impacto es aún más notorio si se compara con el impacto causado por estas mismas decisiones en el periodo 2012-2014 y con la escasa variación en la tasa de inscripción de solicitudes en ambos periodos. En suma, los avances en el cumplimiento de metas con los que se busca justificar el cierre de la etapa administrativa están basados en decisiones que niegan el acceso a la justicia de los reclamantes.

Justificación

La etapa administrativa del proceso de restitución de tierras está llegando a su fin. El Gobierno nacional está adoptando medidas que se dirigen a darle cierre bajo la premisa de que las metas trazadas se han cumplido satisfactoriamente ya que, para diciembre de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reportó un avance de 120.72% en el cumplimiento del trámite administrativo de solicitudes de restitución de tierras. Un ejemplo significativo de estas medidas de cierre es la fijación de un plazo perentorio de tres meses para que se presenten solicitudes de restitución de tierras en el decreto 1167 de 2018. Para sostener esta medida, el decreto afirma que la actuación de la Unidad de Restitución de Tierras “cuenta con un aumento gradual, progresivo y sostenido en el tiempo de los casos tramitados y resueltos”. Esta premisa parece contundente. Incluso, la Corte Constitucional ha evaluado positivamente la gestión de la URT al determinar que existe un cumplimiento alto en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en materia de restitución de tierras. Sin embargo, el análisis de la implementación de la fase administrativa del proceso de restitución pone en duda estas afirmaciones y demuestra que las razones con la que se está justificando el cierre de esta fase son imprecisas. A través del análisis del trámite administrativo de solicitudes de restitución de tierras es posible observar que el alcance de las metas reportado por la URT no ha sido gradual, progresivo ni sostenido en el tiempo. Por el contrario, el reporte de cumplimiento de metas responde principalmente a cambios en la fijación de metas e indicadores de la entidad, así como en la tasa de aprobación de solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

Esta realidad sugiere que los avances presentados por la URT no justifican el cierre de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras. Así, es necesario abrir un espacio de debate para revisar la gestión de la URT, así como los indicadores, metas y procedimientos que derivaron en el aumento de negaciones de las solicitudes de restitución de tierras. Igualmente, es preciso cuestionarse sobre la legalidad de algunas de las negaciones decretadas por la URT, ya que estas son contrarias a la ley 1448 de 2011 y a la jurisprudencia en materia de restitución de tierras. Por último, es imprescindible que el Estado y las distintas entidades con competencias en la materia tomen medidas para revitalizar la etapa administrativa de restitución de tierras para garantizar efectivamente los derechos de las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras en el país.

Por lo tanto, esta clínica busca discutir los siguientes aspectos (preguntas orientadoras):

1. ¿Es justificable el cierre de la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras contemplado en el decreto 1167 de 2018?
2. ¿Cómo se puede analizar la gestión de la URT en la implementación del RTDAF y qué explica los cambios sustanciales en el reporte de avance de cumplimiento de metas por parte de la entidad entre los periodos 2012-2014 y 2015-2017?
3. ¿Cuál es el impacto de las negaciones de inscripción de solicitudes en el RTDAF en la gestión de la URT reportada a diciembre de 2017? ¿Cómo garantizar los derechos de las víctimas a las que se les negó el acceso a la fase judicial del proceso de restitución?
4. ¿Cuál es la legalidad de las negaciones de de inscripción de solicitudes en el RTDAF, en especial las decisiones de no inicio formal del estudio y los decretos de desistimiento? ¿Qué acciones tenientes al control de legalidad se han implementado frente a estas negaciones?)
5. ¿Se requiere revitalizar la etapa administrativa de restitución de tierras? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se deben incorporar para ello?, ¿Cómo medir la eficiencia y efectividad del proceso de restitución ante un porcentaje tan alto de negaciones?

Objetivos:

• Presentar los principales hallazgos del informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017” de la CCJ e invitar al debate sobre estas.
• Discutir sobre la pertinencia de darle cierre a la etapa administrativa de restitución de tierras a través del decreto 1167 de 2018.
• Estudiar y conocer diversos puntos de vista sobre la gestión de la URT en la implementación de la etapa administrativa de restitución de tierras.
• Analizar las negaciones a la inscripción de solicitudes de restitución de tierras en el RTDAF y su impacto en la gestión de la URT.

Metodología

La clínica busca ser un espacio de interacción en el que, a partir de la socialización del informe mencionado, se pueda abrir a la discusión los elementos descritos en la justificación y objetivos de este documento. La primera parte, contará con la presentación del informe y la presentación de la Procuraduría General de la Nación y de la Unidad de Restitución de Tierras sobre sus perspectivas al respecto. La segunda parte, consistirá en un panel de discusión entre las tres entidades (URT, PGN, CCJ)., La tercera parte dará un espacio de preguntas y comentarios de los participantes.

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