Columnas de la Dirección

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Manifiesto por la democracia

Jueves 09 de agosto de 2012

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


Colombia está en mora de salir de una situación de barbarie y pasar a un escenario de civilización edificado en un compromiso serio del Estado y de la sociedad con los derechos humanos. El mínimo denominador común de todos los sectores sociales, de todos los movimientos políticos y de todas las autoridades públicas debería ser el respeto escrupuloso de los derechos ciudadanos. La civilización a la que debemos aspirar no es la que se ha atribuido equivocadamente ese nombre y nos ha conducido a tragedias como el calentamiento global, sino la respetuosa de la naturaleza y de la sabiduría de nuestros mayores. Los reclamos contra el absolutismo formulados desde las revoluciones liberales y de independencia, reafirmados universalmente después del genocidio de la segunda guerra mundial y ampliados luego contra la discriminación social y a favor de la protección del medio ambiente tienen en nuestro país un reconocimiento a medias, de tal forma que los valiosos avances culturales e institucionales logrados al respecto son contrarrestados por fuertes resistencias de sectores poderosos en la economía, la política, la ideología y las armas.

Mientras la vida, la integridad personal y las diferencias sociales y de opinión no sean efectivamente reconocidas y protegidas como valores intangibles, cuya transgresión genere un repudio supremo, estaremos lejos de empezar a construir una sociedad civilizada. No puede haber condescendencia con la existencia de fuerzas armadas paraestatales o contraestatales, ni con ningún abuso que provenga de ellas o de agentes estatales.

Tampoco puede aceptarse que se dé un tratamiento de segunda categoría a la atención de necesidades vitales primarias, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y la protección del medio ambiente. La ley de víctimas y restitución de tierras, pese a deficiencias que deben superarse, constituye un significativo esfuerzo por vincular y dar prioridad a la realización de derechos civiles y políticos simultáneamente con derechos económicos, sociales y culturales. La venta de nuestro territorio en pública subasta a las voraces empresas mineras se orienta en la dirección contraria.

La seguridad es un derecho fundamental de toda sociedad. Su fin último es la vigencia de los derechos humanos, pues tiende a proteger la vida y los bienes de la población. Los medios para lograrlo deben ser radicalmente respetuosos de los derechos humanos. Una política de seguridad que no esté basada en los derechos humanos como fin y como medio está paradójicamente condenada a generar más inseguridad. Experiencias dolorosas, como las de la "doctrina de seguridad nacional" en el cono sur, muestran hasta qué grado de inseguridad y de terror puede llegarse cuando se desconoce el principio de igualdad. Asumida esa inhumana distorsión, en vez de garantizar la seguridad de toda la gente los esfuerzos estatales se concentran en la seguridad de unos cuantos, y enfrentan solo a un sector de los actores violentos mientras que dejan en libertad de acción a otros, tanto o más brutales. En algunos aspectos, esta doctrina aún sigue vigente en Colombia, y se manifiesta en nociones como la supuesta "guerra jurídica" (noción concebida maniqueamente para descalificar los procesos judiciales adelantados por violaciones de derechos humanos imputadas a la fuerza pública) o en la negación de la existencia de paramilitares por el hecho de haberse inventado para ellos, el Gobierno anterior, el ingenioso y anodino nombre de "bacrim", que el actual Gobierno continúa acogiendo. Las chuzadas ilegales del Das desde la presidencia son otra elocuente evidencia de los peligros de inseguridad generados por aberrantes políticas de seguridad para beneficio del gobernante y no de la población entera.

La seguridad no se propicia solamente por el uso de la fuerza. La disuasión de los actores violentos también debe contener iniciativas orientadas a hacer innecesaria, poco rentable o contraproducente la actuación al margen de la ley. Una política coherente en derechos humanos sería el mayor factor de disuasión y el camino más seguro para lograr la paz y la democracia en Colombia. Esa política no es necesario negociarla, puesto que puede y debe adoptarse de manera autónoma por las autoridades republicanas, pero reduciría por sí misma muchas de las causas de la confrontación y ayudaría a generar la confianza necesaria para negociar lo que sí haya que negociar. Además de la fuerza legítima ejercida por los organismos estatales de seguridad, el Gobierno debe empeñarse a fondo para lograr una solución negociada que ponga fin lo más pronto posible al conflicto armado que aflige a nuestro país desde hace ya casi medio siglo.

Para lograr estos tres objetivos (vigencia sólida de derechos civiles y sociales primarios, seguridad basada en los derechos humanos y terminación del conflicto armado) es necesaria una justicia respetable, es decir, independiente de los demás poderes y eficiente en la garantía de los derechos de los hombres y mujeres de a pie. No puede permitirse que se repitan los ataques verbales, judiciales y físicos que se desplegaron contra la rama judicial por el anterior Gobierno, motivados al parecer por el protervo empeño de evitar la investigación de delitos cometidos por el ejecutivo y sus familiares y amigos. Tampoco es admisible la clandestina negociación de prebendas con la judicatura, como las que se han conocido durante el actual Gobierno con motivo de la fallida reforma judicial. Monumentos a la impunidad, como la Comisión de Acusaciones (más conocida como comisión de absoluciones), deben desaparecer, de tal forma que no haya criminales que escapen a la justicia por haber detentado, en mala hora, altos cargos en el Estado. De igual forma, hay que impedir que haga carrera la idea de que para mantener la moral de las tropas es necesario autorizar que los soldados violen mujeres en la guerra, o maten civiles para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate, amparados en el fuero militar. Ello, por el contrario, degrada la moral de los combatientes y los distancia de la población. Una justicia robusta debe ser garante también de que el país haga realidad el anhelo de cero tolerancia con la corrupción. Una justicia respetable requiere el compromiso decidido del Estado, con reglas adecuadas (especialmente en materia de selección de jueces y de responsables de los órganos de control) y un presupuesto digno, al igual que el acompañamiento de una fuerte veeduría ciudadana.

Algo así fue lo que planteó la Constitución del 91. Ella trazó, en un admirable consenso histórico logrado entre múltiples y disímiles expresiones de nuestra sociedad, un camino acertado para la convivencia, pero sus alcances se han visto recortados por la obsesión de reformarla, antes que aplicarla. Incluso algunos quisieran abolirla, como quienes organizaron hace más de diez años un homenaje al general Rito Alejo del Río, tenebroso héroe de los paramilitares, que recientemente han realizado otro homenaje para lanzar una proclama que considera como terroristas a quienes no hagan parte de su rudimentaria visión. La construcción de un mínimo denominador común entre las y los colombianos, basado en un serio compromiso con los derechos humanos, es justamente lo contrario de tal tipo de estigmatizaciones y polarizaciones.

El encuentro ciudadano por la democracia del 8 de agosto en Medellín constituye una valiosa oportunidad para convocar a toda la sociedad colombiana a construir ese denominador común. Contamos para ello con los aportes de la mencionada Constitución y los importantes desarrollos jurisprudenciales de nuestras Cortes, así como los estudios de múltiples analistas y organizaciones nacionales. Además, son numerosas y muy sesudas las recomendaciones internacionales producidas por autorizados órganos y expertos internacionales que han examinado nuestro país en las últimas dos décadas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que el actual Gobierno parece querer limitar). Todo ello es una rica cuota inicial que ya existe como propuesta para superar la barbarie y sentar las bases de una democracia segura e incluyente donde las diferentes formas de entender el desarrollo del país puedan debatirse en paz. Empecemos de una vez.

Medellín, 8 de agosto de 2012

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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