Columnas de la Dirección

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¿Subcontratar el Estado?

Jueves 28 de junio de 2012

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


"¿Y si subcontratamos el servicio de Congreso con una firma suiza o alemana?" se preguntaba hace unos dí­as el twittero "erizodemar" (El Espectador, junio 23/12, p. 34). Es un buen chiste, pero no bastarí­a con el Congreso, porque en la crisis desatada por la reforma constitucional a la justicia confluyen varias ramas del Estado, unidas por un designio común: garantizar la impunidad de quienes han ejercido abusivamente el poder.

El texto conciliado entre Cámara y Senado es bastante grotesco al respecto. Allí­ se establece desde una prescripción de dos años y medio para delitos cometidos por congresistas, hasta la liberación inmediata de altos funcionarios delincuentes del anterior Gobierno, pasando por la imposibilidad de seguir juzgando y deteniendo a parapolí­ticos, entre muchas otras barbaridades.

No menos bárbara, aunque más sofisticada, es la impunidad resultante del "marco jurí­dico para la paz". Para las violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho humanitario autoriza criterios de "selección" y "priorización", de tal forma que se juzguen solamente los principales responsables de ellas, pero se les suspenda la pena, y en los casos no seleccionados se "renuncie a la persecución judicial penal". Todo un galimatí­as para dejar en la impunidad crí­menes graves cometidos por guerrilleros, militares, policí­as y paramilitares.

De manera igualmente refinada, la reforma del fuero militar pretende "armonizar el derecho penal nacional con el derecho internacional humanitario". Se asume, equivocadamente, que el derecho internacional humanitario permitirí­a en la guerra matar a no combatientes o interrogar a civiles por militares, conductas que las normas nacionales consideran delito y que esta reforma quiere despenalizar. Más impunidad, en un proyecto que debe todaví­a surtir cuatro debates el próximo semestre. También se discute en el Congreso la prórroga de la ley 975, que permite rebajar penas a los paramilitares.

Esta feria de la impunidad contrasta con la sumisión ante la solicitud de extradición del general Santoyo hecha por Estados Unidos. Parece que será la única forma en que responda por graves crí­menes que el Gobierno anterior le encubrió, como complicidad con paramilitares y narcotraficantes e interceptaciones ilegales. También será la administración estadounidense la que garantice justicia al ex diputado Sigifredo López, después de que el FBI ha dictaminado su inocencia.

A mediados del siglo XIX, el Secretario de Hacienda Florentino González propuso que Colombia se anexara a los Estados Unidos, como solución para su desarrollo. Afortunadamente esa tentación herodiana no prosperó, pero las instituciones nacionales solamente parecen tomar en serio los derechos de la población cuando los exige un poder supranacional, como Estados Unidos (de hecho), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (de derecho).

La equivocada reforma constitucional a la justicia hay que sepultarla a través del referendo derogatorio, que además debe ser el punto de partida para derogar también las otras iniciativas orientadas a garantizar impunidad y, por el contrario, reclamar el fortalecimiento efectivo del Estado social y democrático de derecho. Si no, va a tocar lamentablemente subcontratar el Estado, como propone "erizodemar".

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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