Columnas de la Dirección

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Desviación de funciones

Jueves 31 de mayo de 2012

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


El Gobierno quiere reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Asamblea de la OEA el próximo domingo. Según el Director de la "Agencia Nacional de Defensa Jurí­dica del Estado", lo hará con cariño: "hay paí­ses que ponen en entredicho la existencia (...) de la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos]. Esta no es la posición de Colombia. (...). Pero no quiere decir que no sea susceptible de modificaciones grandes. Y ese es el propósito de la participación de Colombia en el grupo de reforma en la Asamblea de la OEA" (El Tiempo, mayo 27/12).

Con esos amigos, para qué enemigos: el Gobierno pretende suprimir los informes especiales sobre paí­ses afectados por un golpe de Estado, suspensión de garantí­as, o violencia generalizada, que la CIDH incluye en el capí­tulo IV de su informe anual. Allí­ figuran Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela en el último año. Tales informes benefician a la población, cuyos derechos son el motivo de la existencia de estos organismos internacionales. El Gobierno colombiano piensa lo contrario, y confiesa que "un primer objetivo es sacar a Colombia del Capí­tulo cuatro, lo que supone esencialmente demostrar que la justicia interna está funcionando".

Qué lástima y qué desenfoque. En primer lugar, porque quien hace estas declaraciones es el Director de la Agencia de Defensa Jurí­dica del Estado, entidad creada "para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación" (dto. 4085 de 2011, art. 2). El capí­tulo IV no es un asunto litigioso. Es una valoración de la situación de derechos humanos del paí­s realizada para la Asamblea. Resulta sorprendente que la agencia encargada de ahorrarle gastos judiciales al Estado intervenga, más allá de los casos judiciales, en las funciones generales de la CIDH. Inmiscuirse en el Capí­tulo IV excede claramente las funciones de esta Agencia.

Pero no solamente las excede, sino que revela también su sensibilidad negativa en relación con la actuación de la CIDH. La Agencia supuestamente se creó porque se necesitaba racionalizar la actividad del Estado frente a procesos judiciales que ha estado perdiendo. En costos, el 93% corresponden a contratos de obra (tipo Nule), y el 2% a ví­ctimas de violaciones de derechos humanos (según Dinero.com, 2010-08-09). ¿Por qué entonces la Agencia está centrando sus energí­as en los casos de la CIDH y en sus atribuciones?

Tampoco es cierto, en tercer lugar, que la justicia interna esté funcionando. Están en la impunidad más de dos mil ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública en los últimos diez años. Más de 35.000 paramilitares fueron dejados en libertad, sin pena ni gloria, por el Gobierno anterior. Además, el actual está ampliando el fuero militar y autorizando la renuncia a la persecución judicial penal en favor de guerrilleros, paramilitares y fuerza pública, so pretexto de negociar la paz.

El Gobierno deberí­a preocuparse más por impedir la comisión de violaciones de derechos humanos que por proponer a la OEA la castración de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos en el continente.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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