Columnas de la Dirección

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La eterna vacilación frente al paramilitarismo

Miércoles 11 de enero de 2012

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


"El ejército no puede actuar contra las 'bacrim' porque no han sido declaradas terroristas y entonces esa labor corresponde a la Policía", declaró por televisión algún comandante militar con motivo del paro armado en Urabá. Días antes, un ex presidente había urgido cínicamente a que las bombardearan, "sin la excusa de que no son parte del conflicto" [1]. Por su parte, el presidente Santos ha anunciado que estos grupos van a desaparecer, y ha ofrecido para ello recompensas y fortalecimiento del trabajo con la Fiscalía [2].

Cuatro años y medio antes, el Ministerio de Defensa había rechazado un editorial de El Tiempo, según el cual "el cincuenta por ciento del país está copado de nuevo por grupos criminales ligados al paramilitarismo" y replicó que había "dado la más alta prioridad al desmantelamiento de esas bandas". Reveló que, además de la Policía, el ejército estaba desplegando importantes actividades ofensivas en regiones estratégicas y en áreas de retorno de población desplazada. Un Mecanismo de Verificación Conjunto contra las Bandas Criminales -MEVEC-, integrado por las fuerzas militares, cuatro agencias de la Policía, el DAS y la UIAF del Ministerio de Hacienda, evaluaría cotidianamente la información sobre estas bandas y orientaría las acciones en su contra [3].

A pesar de ese airado parte de victoria, en julio de 2010 fue necesario crear, mediante el decreto 2374, una "Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales", integrada por los Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa, los Directores de la Policía y del DAS, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura [4].

Ello no impidió que seis meses después, el 10 de enero de 2011, fueran asesinados por "los Urabeños", en San Bernardo del Viento, los estudiantes de la Universidad de los Andes Mateo Matamala y Margarita Gómez. El Ministerio de Defensa anunció entonces el lanzamiento de la "Operación Troya", como "un plan de operaciones conjuntas y coordinadas sin precedentes, del Ejército Nacional, de la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS, en el propósito de acopiar inteligencia con el objeto de asfixiar las finanzas del narcotráfico, la minería ilegal y proteger a la población de la criminalidad" y "para liderar esa operación conjunta se ordenó el traslado del puesto de mando de la Séptima División del Ejército de Medellín a Montería" [5].

Poco después, en febrero de 2011, el presidente anunció que el Consejo de Seguridad había aprobado un plan de seis líneas de acción contra estos grupos, llamado "D-6". Dichas líneas consistirían en desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. En sus palabras, "las bacrim es un tema que requiere una acción integral y efectiva de todo el Estado colombiano. (...). El país estaba en mora de ponerlo en marcha". Según El Tiempo, "entre las medidas esta[ría] quitarle a la Policía la primacía en el tema de la persecución de las bandas, para pasar a una responsabilidad compartida con las Fuerzas Militares, el DAS y la Fiscalía" [6].

¿Qué será lo que impide que funcionen los múltiples planes que el Gobierno colombiano anuncia para enfrentar al paramilitarismo? En 1989 el Presidente Barco ordenó la creación de una Comisión Asesora para coordinar la lucha contra los grupos de autodefensa constituida por tres ministros, el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía (decreto 813), y la integración de una fuerza especial de hasta mil hombres bajo el mando del Director de la Policía para combatir a esos mismos grupos (decreto 814). Tampoco funcionó. ¿Qué será?

Referencias / Fuentes

[1] "Uribe pide al Gobierno 'bombardear' a las Bacrim", en RCN La Radio, 5 de enero de 2012.

[2] "Presidente Santos anunció que las bandas criminales van a desaparecer", Colprensa, Bogotá, 7 de enero de 2012.

[3] Comunicado del Ministerio de Defensa Nacional, 16 de julio de 2007.

[4] En materia de coordinación entre agencias estatales, incluidos el ejército y la policía, este decreto previó lo siguiente:

Artículo Décimo.- Con el propósito de fortalecer la investigación criminal, el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales -C12 BACRIM-, el cual se encuentra conformado interinstitucionalmente por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero -UIAF-, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, tendrá que suministrar a través de la Policía Judicial la información necesaria para que el Fiscal pueda hacer el análisis de la organización criminal y de la probabilidad de pertenencia del implicado a Bandas o Redes Criminales.

Artículo Décimo Primero.- El Comando General de las Fuerzas Militares dispondrá un mecanismo interno, para que a solicitud de la Policía Nacional, se autorice el uso de la fuerza militar contra las bandas criminales cuando su nivel de hostilidad y organización así lo amerite. En todo caso, los Comandantes Militares y de Policía en la respectiva jurisdicción, deberán coordinar el tipo de apoyo.

[5] "D6, la estrategia nacional contra las bacrim", en Semana.com, 7 de febrero 2011.

[6] "Gobierno traza seis líneas de acción contra las bandas criminales", en Eltiempo.com, 7 de febrero de 2011.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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