Columnas de la Dirección

Compartir en  

El Cacica Gaitana es lo de menos

Miércoles 28 de diciembre de 2011

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


La imputación de cargos que piensa hacerle la Fiscalía al exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, debería tener en cuenta el encubrimiento de los asesinatos cometidos por los paramilitares durante la negociación, el ocultamiento de menores reclutados, las falsas desmovilizaciones y la libertad en que se dejó al grueso de los paramilitares.

El encubrimiento de los asesinatos es de una gravedad enorme: por lo menos 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por los paramilitares, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas hasta mediados de 2009, desde cuando el presidente Uribe anunció el inicio de ese proceso el 1° de diciembre de 2002 [1]. Si bien ese día condicionó tal proceso a que no hubiera ni un muerto más, en febrero de 2005 su alto comisionado declaró que "el cese al fuego es una metáfora que tiene que manejarse con mucha flexibilidad" [2]. En octubre de 2006 admitió que su oficina tenía registrados 549 asesinatos cometidos por los paramilitares durante el proceso, pero no manifestó ninguna intención de hacer efectiva la condición anunciada por el presidente, que él seguía considerando como una metáfora. En mayo de 2008 el Gobierno decidió extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares, arguyendo que continuaban delinquiendo desde la cárcel. Restrepo nunca denunció ante la justicia los asesinatos registrados por su oficina, ni los otros delitos por los cuales supuestamente se extraditó a estos jefes paramilitares. Su responsabilidad por este encubrimiento es ostensible.

El reclutamiento de menores es una de las más graves infracciones al derecho humanitario. El proceso con los paramilitares ocultó este delito [3]. Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió en 2006 que "los grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con su obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de desmovilización (...); en muchos casos, simplemente se están devolviendo a sus regiones o (...) a sus familias, sin darles oportunidad a que el Estado los atienda de manera integral" [4]. Difícil creer que el entonces alto comisionado no hubiera estado al tanto [5].

Según cifras del Ministerio de Defensa, los paramilitares eran 12.000 en 2002 [6]. Pero supuestamente se desmovilizaron más de 35.000: 31.671 colectivamente y 3.682 individualmente. O se reprodujeron como conejos en las narices del alto comisionado o éste toleró que le metieran gato por liebre para aparentar un éxito descomunal de la operación [7]. Lo del Cacica Gaitana fue una pequeña parte de este show de ilusionismo, para hacer creer que no solamente los paramilitares hacían parte de la desmovilización, sino también la guerrilla.

El 98% de los paramilitares supuestamente desmovilizados de manera colectiva están libres. No más de 763 han comparecido ante la Fiscalía para que les rebajen penas según la Ley 975. El resto anda en libertad porque el alto comisionado lo permitió.

Entre la metáfora y el ilusionismo se encubrió así un alto número de asesinatos y de reclutamiento de menores y se simuló una operación de desmovilización y de justicia. Pero sería injusto concluir que el exalto comisionado, que no fue más que un fiel escudero, es el único responsable de esta maquiavélica patraña.

Además de las notas de pie de página aquí consignadas, esta columna se basa en el seguimiento permanente realizado a este tema por la Comisión Colombiana de Juristas, cuyos resultados se encuentran plasmados especialmente en dos obras de su autoría:

Colombia: el espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008,238 págs., y

Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2010, 391 págs.

Referencias / Fuentes

[1] Comisión Colombiana de Juristas, "Colombia: situación de las violaciones al derecho a la vida -julio de 2001 a junio de 2009", Bogotá, mimeo, junio 6 de 2011.

[2] El 24 de febrero de 2005, en Residencias Tequendama en Bogotá, durante un seminario organizado por la Corporación Nuevo Arco Iris y otras organizaciones no gubernamentales para evaluar el estado del proceso con los paramilitares. Ver: Comisión Colombiana de Juristas, "Una metafórica justicia y paz. El proceso con los paramilitares se dirige hacia una paz increíble a un precio imposible", Bogotá, 21 de junio de 2005, Boletín número 4. Según Verdadabierta.com, ("Documentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los 'paras' ", 26 de abril de 2010), en una reunión celebrada el 12 de noviembre de 2002 entre Restrepo y los jefes paramilitares se habría acordado que el Gobierno les permitiría continuar realizando acciones violentas para defenderse: " 'Como es un cese unilateral y como todavía no hemos tenido supuestamente contactos con el gobierno, todas las agresiones que suframos de la subversión estamos en pleno derecho de responderlas, en caso de que nos ataque, que con seguridad nos van a seguir atacando', advirtió Mancuso. A lo que Restrepo les respondió: 'Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho' ". Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2011.

[3] Sólo se tiene registro de la entrega efectiva de 212 niñas y niños desmovilizados en virtud de la ley 975 (Defensoría del Pueblo, Oficio No. 14320-02373939 expedido el 17 de mayo de 2006). Deberían ser por lo menos 2.400, de los 12.000 paramilitares que había en agosto de 2002, si se acoge el estimativo de Human Rights Watch según el cual el 20% de los miembros de los grupos paramilitares ha estado constituido por menores de edad (Human Rights Watch, Aprenderás a no llorar, Bogotá, 2004, pág. 41).

[4] Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), "Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos", Bogotá, 2006, pág. 62. En el mismo sentido se ha pronunciado la Procuraduría: "En desmovilización 'paras' ocultaron a niños que hacían parte de sus filas, advierte Procuraduría", diario El Tiempo, viernes 16 de junio de 2006.

[5] Más aún, en forma inadmisible ha negado que tuviera competencia y responsabilidad en la verificación de la situación de menores víctimas de reclutamiento ilegal y en su incorporación al Programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Véase: Alto Comisionado para la Paz, Oficio del 7 de febrero de 2005, dirigido a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). También: Procuraduría General de la Nación, Control preventivo y seguimiento a las políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción, Bogotá, 2006, pág. 389.

[6] 12.175, más precisamente: Ministerio de Defensa Nacional, "Logros y retos de la política de defensa y seguridad democrática", Cartagena de Indias, mayo de 2005, pág. 13. Véase también International Crisis Group, "Los nuevos grupos armados en Colombia", Informe sobre América Latina No. 20, 10 de mayo de 2007, pág. 4 y 5.

[7] Desde la primera desmovilización, que fue la realizada por el Bloque Cacique Nutibara, el alto comisionado les reclamó a los jefes paramilitares por las inconsistencias en el número de desmovilizados, ya que "En el proceso de Medellín nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados" (Revista Semana, "Revelaciones explosivas", Edición 1.169, 24 de septiembre de 2004). Sin embargo, ni ese engaño ni los posteriores se rectificaron ni dieron lugar a una depuración de las listas de desmovilizados, ni a la revocatoria de los beneficios concedidos a los falsos desmovilizados. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió: "La CIDH observó que el incumplimiento de la presentación del listado permitió, y propició, la llegada al circuito de personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse. El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso de desmovilización por los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Cada desmovilizado recibió un subsidio de $358.000 pesos colombianos por el término de 18 meses. En la zona de ubicación se ventiló información indicando que en algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con un porcentaje de la suma recibida del Gobierno" (Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las Auc y primeras diligencias judiciales, Washington D.C., 2 de octubre de 2007).

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

Columnas recientes de Gustavo Gallón Giraldo