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"Justicia y paz", otro falso positivo

Miércoles 10 de agosto de 2011

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


"El paramilitarismo está vivo. (...). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas y polí­ticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", ha dicho el ex jefe paramilitar alias "Ernesto Báez" [1]. Así­, y con más de diez mil paramilitares en actividad (que las autoridades no reconocen), es evidente que el proceso realizado por el gobierno anterior con estos grupos no ha producido la paz, pese a la desmovilización de un número discutible de combatientes. De otra parte, sin desconocer algunos logros, como el descubrimiento de casi cuatro mil cadáveres o la confesión de más de 57 mil delitos, no hay duda de que la meta de verdad, justicia y reparación se encuentra muy lejana, si hay apenas tres paramilitares con sentencia en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz" [2]. Muchas voces calificadas coinciden entonces en proponer su reforma porque la consideran fracasada en sus objetivos, luego de seis años de vigencia [3].

Un primer problema con esta propuesta es que una ley de reducción de penas para crí­menes de lesa humanidad -que en eso consiste la mencionada ley- solo se justifica jurí­dicamente en aras de la paz, y así­ lo dijo la Corte Constitucional al revisarla [4]. En ausencia de paz, lo lógico serí­a no conceder la reducción de penas. Solo serí­a admisible una reforma basada en el propósito de rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación (y no simplemente en el de descongestionar el proceso), teniendo en cuenta los esfuerzos de todo orden invertidos en esta materia.

Un segundo problema es a quién se aplicarí­a dicha reforma. La Fiscalí­a dice que hay 4.500 postulados a la llamada ley de "justicia y paz", es decir, paramilitares que aceptaron acogerse a los beneficios ofrecidos por esa ley por haber cometido crí­menes de lesa humanidad [5]. Sin embargo, más de 3.000 de ellos no han comparecido a la Fiscalí­a, y son prófugos de la justicia, sin que a nadie le haya preocupado [6]. No bastarí­a reformar la ley, sino también capturar a estos más de 3.000 prófugos y aplicarles justicia.

Resuelto lo anterior, sí­ cabrí­a estudiar fórmulas para agilizar los procesos, con miras a favorecer ante todo los derechos de las ví­ctimas, más que los de los victimarios. Para ello, convendrí­a tener en cuenta al menos cuatro consideraciones. En primer lugar, garantizar efectivamente la participación plena de las ví­ctimas desde el inicio de las actuaciones. Ello implica la posibilidad de apelar la formulación de cargos, de tal forma que puedan incluirse delitos no considerados por la Fiscalí­a.

En segundo lugar, que se dé amplia publicidad a las audiencias (con la debida reserva cuando corresponda), para que la sociedad colombiana, como ví­ctima de estos crí­menes de lesa humanidad, tenga la oportunidad de conocerlos y superarlos. En tercer lugar, que se recupere la participación de los extraditados, lo cual requiere un empeño audaz de parte del Gobierno. Y en cuarto lugar, que haya una actitud más inquisitiva de la Fiscalí­a en relación con los procesados para que revelen la verdad. Bueno, y por supuesto, que se enfrente el paramilitarismo para que deje de estar vivo y se justifique esta ganga.

Referencias / Fuentes

[1] "Justicia y Paz va fracasar", nota de Alexander Marí­n Correa, El Espectador, 7 de agosto de 2011, pág. 10.

[2] 3.983 cadáveres, 57.131 "hechos iniciados para confesión" y 3 postulados con sentencia en Justicia y Paz, según la Fiscalí­a General de la Nación, "Gestión Unidad Nacional para la Justicia y la Paz a 31 de marzo de 2011" (consultado el 9 de agosto de 2011).

[3] "Ajustes a Ley de Justicia y Paz propone Fiscal General de la Nación", Eltiempo.com, 17 de febrero de 2011 (consultado el 9 de agosto de 2011); Andreas Forer, "Seis años de Justicia y Paz. ¿Y ahora qué?", Elespectador.com, 29 de julio de 2011; "Justicia y Paz: 6 años", Editorial, Eltiempo.com, 30 de julio de 2011 (consultado el 9 de agosto de 2011). La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, por su parte, ha venido proponiendo en sus informes de 2008, 2009 y 2010 que se reforme la ley 975 de 2005 "de manera consensuada, transparente y participativa".

[4] Corte Constitucional, sentencia C-370/06, 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

[5] Más exactamente, 4.511, según listado publicado (consultado el 9 de agosto de 2009).

[6] Cuando el número de postulados era de 3.650, según el listado originalmente sometido al Fiscal General de la Nación por el Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalí­a le informó a la Comisión Colombiana de Juristas, que 600 paramilitares habí­an comparecido ante la Fiscalí­a. Posteriormente, en medios de comunicación ha dicho que esta cifra es de aproximadamente 900 paramilitares. Luego del listado original de 3.650 paramilitares, que corresponde a los desmovilizados colectivamente, otros paramilitares han sido incluidos como postulados en la ley 975, como desmovilizados individuales, lo que explicarí­a la cifra total actual de 4.511 postulados.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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