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Prioridad: las víctimas y la paz

Miércoles 09 de marzo de 2011

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


Con esa mira, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha propuesto una "revisión exhaustiva de los programas de protección", en su reciente informe sobre Colombia [1]. Si entre 2007 y marzo de 2010 se produjeron 1.499 homicidios de personas desplazadas, según fuentes oficiales, urge entonces adoptar un programa eficaz de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras que combine medidas polí­ticas, técnicas, financieras, de seguridad y de movilización social. Igual ocurre con defensores, sindicalistas y periodistas, pues en 2010 continuaron registrándose homicidios, amenazas e intimidaciones en su contra, y las garantí­as prometidas por el Gobierno anterior al respecto no se han cumplido, afirma la Alta [2].

Esta protección hay que brindarla frente a violencia sexual, torturas, secuestro, minas antipersonal, desaparición, reclutamiento o desplazamiento forzados causados por guerrilleros, paramilitares, organismos de inteligencia, miembros de la fuerza pública, o quien quiera que haya perpetrado estos crí­menes u otros que se han seguido registrando en proporciones alarmantes. Por ello, recomienda en particular que se establezcan mecanismos democráticos de control externo de los servicios de inteligencia y de depuración de sus archivos [3]. También pide acciones contra la corrupción y contra la aquiescencia de agentes estatales con grupos sucesores de los paramilitares, y una respuesta diligente a los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensorí­a del Pueblo [4].

Además de la protección, la Alta Comisionada urge a fortalecer la investigación y la sanción de estos delitos. Tales esfuerzos incumben especialmente a la Policí­a y a la Fiscalí­a, pero también a la justicia penal militar, que en 2010 tuvo un "retroceso significativo" en el traslado a la justicia ordinaria de falsos casos de "muertos en combate" [5]. En su opinión, la reforma judicial que se ha venido intentando deberí­a orientarse a "enfrentar las causas estructurales de la impunidad", la ley 975 (de "justicia y paz") deberí­a revisarse para garantizar verdad, justicia y reparación, y las iniciativas de la ley de ví­ctimas y de tierras también podrí­an complementar ese propósito [6].

La pobreza y la situación de los derechos económicos, sociales y culturales preocupan asimismo a la Alta Comisionada [7]. El paí­s se ha situado en 2010 entre los siete más desiguales del planeta (el Coeficiente de Gini alcanzó un valor de 0,585). Esto puede empeorar con la minerí­a, una de las "locomotoras" del proyecto económico oficial, que no respeta la consulta previa a las poblaciones indí­genas y afrocolombianas para explotar recursos en sus territorios [8].

Revisión de las polí­ticas de protección, fortalecimiento de la justicia y reducción de las desigualdades son así­ los tres ejes de las recomendaciones del informe de este año, que reitera las formuladas previamente por su oficina y por diversos órganos de Naciones Unidas [9]. Ellas se enmarcan en una invitación al Gobierno a establecer un mecanismo efectivo de seguimiento de todas estas recomendaciones. Es lo que habrí­a debido hacerse desde hace mucho tiempo.

Referencias / Fuentes

[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, documento de Naciones Unidas A/HRC/16/22. En su informe, la Alta Comisionada "[a]lienta a una revisión exhaustiva de las polí­ticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado; e insta a la adopción de un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras que incluya: medidas de seguridad pública; apoyo polí­tico, técnico y financiero a las comunidades, campesinos y organizaciones de ví­ctimas; evaluación conjunta de riesgos a nivel local con las organizaciones estatales y no estatales relevantes; y la búsqueda de una amplia movilización social para la defensa de este derecho". (Íd., párr. 109, literal f).

[2] Así­ lo plantea la Alta Comisionada en su informe: "La implementación de los compromisos asumidos por el Gobierno anterior en las Mesas de Garantí­as para los defensores de derechos humanos sigue siendo insuficiente. En este esfuerzo de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, el Ministerio de Educación deberí­a dar pasos importantes para la puesta en marcha del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH). La Alta Comisionada saluda la inclusión del PLANEDH en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y anima a todas las partes a concertar un plan nacional de acción lo antes posible". (Íd., párr. 16).

[3] Al respecto, el informe señala que no se han registrado "avances sustantivos en el proceso de depuración de archivos ni por la Procuradurí­a, ni por los propios servicios de inteligencia". (Íd., párr. 22). En consecuencia, la Alta Comisionada "[i]nsta al Gobierno, a la Procuradurí­a General de la Nación y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos; y enfatiza la necesidad de que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crí­menes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)". (Íd., párr. 109, literal d).

[4] Íd., párr. 109, literal g.

[5] Íd., párr. 28.

[6] Íd., párr. 109, literal j.

[7] Íd., párr. 97.

[8] Según la Alta Comisionada, "[e]l Ministerio del Interior y de Justicia enfrenta retos enormes para asegurar el cumplimiento del derecho de las comunidades a ser consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado. La legislación nacional actual no prevé adelantar el derecho a la consulta previa para la prospección y exploración minera, cuando se ha considerado a la minerí­a como una de las "locomotoras" del desarrollo económico. En este sentido, es preocupante la persistente debilidad del Estado para proteger los derechos colectivos. Por ejemplo, en Buenaventura (Valle del Cauca), se tardó más de un año en ejecutar la sentencia que ordenaba el cese inmediato de actividades mineras ilegales que destruí­an el territorio del consejo comunitario de Zaragoza. En zonas de interés económico, en ocasiones no se tiene en cuenta la presencia de comunidades afrocolombianas o pueblos indí­genas, o no se titula su territorio ancestral como colectivo o resguardo, para evitar el deber de consulta. En otras ocasiones, las consultas son realizadas con quienes no representan legí­timamente a la comunidad afectada, o no se respetan los procesos internos de los pueblos y comunidades de toma de decisiones" (Íd., párr. 75).

[9] Véase al respecto mi columna "Urgencias en derechos humanos".

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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