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Desigualdad: el problema clave

Jueves 12 de octubre de 2017

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


Concentrarse en superar la desigualdad, especialmente en relación con las comunidades indígenas y afrocolombianas y las poblaciones rurales es la recomendación esencial que hace a nuestro país el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este lunes divulgó sus observaciones (documento E/C.12/COL/CO/6) al sexto informe periódico presentado por el Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia en esa materia.

Es una recomendación que resuena fuerte una y otra vez en las diversas cuerdas que toca el Comité, tanto en el llamado a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar "la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas y afrocolombianos" (pár. 24), como en la urgencia con que invita a asumir un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la pobreza, que afecta "de manera desproporcionada a las personas que viven en zonas rurales y remotas, incluyendo a las víctimas del conflicto armado" (47 y 48).

Por ello, el enfrentamiento de la desigualdad se enfatiza como prioritario en los detalles más específicos examinados por el Comité: la igualdad entre hombres y mujeres (26 b), incluido el ámbito laboral (35), la seguridad social (33 y 42), la salud (33 y 62), la educación (64), los derechos culturales (66), la necesidad de condiciones laborales justas, satisfactorias y seguras (37), los derechos de niñas, niños y adolescentes (44). Hasta la reciente reforma tributaria y su aumento del IVA es objeto de preocupación para el Comité, que pide revisarla para que "sea redistributiva y socialmente justa con el objeto de combatir los altos índices de desigualdad" (19 y 20).

Pero donde más se detiene es en tres problemas protuberantes, sobre los cuales pide al Gobierno una atención especial. Uno es la explotación de recursos naturales, para la cual recomienda tener en cuenta las consultas populares; sujetar tal explotación a la concertación con las comunidades, con base en estudios técnicos sobre su impacto social y ambiental; y prever medidas para mitigarlo, indemnizar a las comunidades y preservar los bosques (16). Otro es "la persistencia e incluso aumento de casos de hostigamiento, agresión y atentados contra la vida de defensores de derechos humanos, incluyendo defensores de derechos económicos, sociales y culturales, tal como líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos", que pide investigar y prevenir eficazmente (9 y 10). Y el tercero es el acceso a la tierra, para lo cual recomienda "garantizar la implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo" de Paz (49 y 50.a). Estos tres aspectos los considera de tal modo urgentes, que le pide al Gobierno que le informe sobre su implementación en un término máximo de dieciocho meses, antes de la presentación de su séptimo informe periódico, que deberá hacerse dentro de cinco años.

La vía para atender estas recomendaciones, advierte el Comité, es "asegurar la efectiva implementació" del Acuerdo de Paz (4, 7 y 8). Y no debe olvidarse en ello la sustitución de cultivos de uso ilícito, con enfoque de derechos humanos y garantía de oferta de proyectos productivos alternativos y oportunidades reales de comercialización (54).

Si estas fueran las prioridades, no tendrían por qué repetirse en el futuro más masacres como la de la semana pasada en Tumaco. Qué venturoso sería que alguna o algún candidato presidencial convirtiera estas recomendaciones en su programa de gobierno.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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