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El acuerdo 3.4: seguridad y convivencia, sin paramilitarismo

Jueves 07 de julio de 2016

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


Para alcanzar la paz bastaría cumplir la Constitución, empezando por su artículo 11, que garantiza el derecho a la vida. Siendo tan difícil lograrlo, el acuerdo 3.4 "sobre garantías de seguridad", divulgado el pasado 23 de junio, fue prolijo en detalles y mecanismos. Cabría destacar seis:

Primero, un Pacto Político Nacional entre todas las fuerzas sociales y políticas "para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo".

Segundo, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento del paramilitarismo. Su objeto central será el diseño y coordinación institucional de un plan de acción al respecto. Estará integrada por el Presidente, tres ministros (Interior, Defensa, Justicia), el Fiscal, el Director de una Unidad Especial de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, dos representantes de las Farc, dos de las plataformas de derechos humanos, y representantes de otras agrupaciones políticas. Entre sus quince atribuciones, la Comisión podrá recomendar reformas normativas, diseñar estrategias, y proponer ajustes sobre inteligencia o sobre supervisión de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Tercero, una Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Será un "espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección" de las y los miembros de movimientos políticos y sociales, incluidas las Farc. Estará integrada por el Presidente, dos ministros (Interior y Defensa), la o el Consejero Presidencial de Derechos Humanos, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, con participación de movimientos políticos y sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Tendrá como Secretario Técnico un Delegado Presidencial, responsable de la planeación, información, monitoreo, coordinación y seguimiento de las medidas de protección y seguridad. Dos mecanismos complementarán la instancia: una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, para desarrollar un Plan Estratégico sobre ese tema; y una  Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la Unidad Nacional de Protección.

Cuarto, una Unidad Especial de Investigación (en la Fiscalía) para el desmantelamiento del paramilitarismo, dirigida por una o un calificado jurista, nombrado por seis años, con policía judicial y cuerpo técnico de investigación a su servicio directo, y recursos asegurados específicamente en el presupuesto nacional.

Quinto, un nuevo Sistema de Alertas Tempranas en la Defensoría, con autonomía para emitir informes sobre presencia y actividades de organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

Sexto, un Cuerpo élite de la policía para el desmantelamiento del paramilitarismo, "con altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad". 

Hay previstos más mecanismos. Nunca antes habían sido tantos ni tan articulados, ni se había incluido al Presidente en ellos, ni se había planteado un pacto político nacional. Ojalá estas novedades sean indicativas de real voluntad para erradicar la violencia política y garantizar así, por fin, una convivencia pacífica en Colombia.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

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