Columnas de la Dirección

Compartir en  

Neutralización y reintegración de paramilitares

Jueves 25 de junio de 2015

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


En mi anterior columna recordé cómo, en diciembre de 2011, 284 miembros del “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac)” intentaron someterse a la justicia en Villavicencio, pero las autoridades dejaron en libertad a 267 de ellos y apresaron a 17 con el argumento de que solamente contra estos últimos existía orden de captura. La Fiscalía me ha hecho saber que en enero de 2012 se corrigió esta situación, luego de que ese organismo pidiera a los jueces competentes librar las órdenes de captura correspondientes. Así, 19 líderes (dos más de los 17 mencionados en mi columna) están detenidos y acusados de delitos de lesa humanidad por el asesinato de tres ex miembros de ese grupo, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común, gracias a un delator. Otros 257 combatientes rasos han sido condenados mediante sentencia anticipada por concierto para delinquir agravado. 235 de estos últimos están privados de libertad, y hay orden de captura contra los 22 restantes.

Son, sin duda, logros significativos y esfuerzos valiosos, a los cuales hay que agregar que la Fiscalía ha descubierto 60 miembros más, cuya captura pretende concretar.

Además, abrió investigación contra otras bandas que operan en los Llanos: una como “Erpac” (en Meta, Guaviare y Vichada), y otra como “Libertadores del Vichada”. Hay otras disidencias en el Meta, también en la mira de la Fiscalía, como el “Bloque Meta” y “Los Rudos”.

El Estado se encuentra sin embargo muy limitado para actuar eficazmente contra estos grupos. Por lo pronto, en las sentencias anticipadas, basadas en preacuerdos, las condenas se circunscriben al delito de concierto para delinquir agravado, que es el único que los procesados han aceptado, a pesar de que hay evidencias de la perpetración de otros delitos (homicidios, desplazamiento forzado, narcotráfico, extorsiones, porte ilegal de armas de guerra). Como la pena por ese delito es de 8 a 18 años, se les impone la mínima (8 o 9 años) y se les rebaja el 50% o el 45% por colaboración con la justicia: la privación de libertad queda convertida en un poco más de cuatro años.

Acumulando otros beneficios penales (redención de pena por trabajo y estudio, libertad provisional al cumplir las dos terceras partes), varios condenados ya han salido de la cárcel, más rápido de lo previsto en la llamada ley de justicia y paz. Lo grave es que algunos de ellos han sido encontrados otra vez delinquiendo vinculados al “Erpac”. Y nuevamente la Fiscalía se considera impotente para actuar en su contra por ausencia de órdenes de captura, a pesar de que afirma saber dónde están operando estas bandas. En las declaraciones que obran en los procesos, fue reiterada la revelación de nexos entre agentes estatales y estos grupos.

Lo peor de todo es que sus combatientes rasos son personas con un alto grado de marginalidad social: la mayoría con educación inferior a 5º de primaria, algunos analfabetas, casi todos paupérrimos. Además de la fuerza estatal, es necesario redoblar los esfuerzos para superar la inequidad social si se pretende neutralizar a los grupos neoparamilitares. Para empezar, ¿no deberían incluirse en los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración?

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

Columnas recientes de Gustavo Gallón Giraldo