Columnas de la Dirección

Compartir en  

¿Dónde está la médula del paramilitarismo luego de cinco años de la ley 975?

Miércoles 28 de julio de 2010

Por: Gustavo Gallón Giraldo en El Espectador


La ley 975, promulgada el 25 de julio de 2005, no se ha traducido en "justicia", ni en "paz", ni en "reparación", aunque el Presidente la haya calificado como tal en su discurso del pasado 20 de julio y haya dicho que 53.000 combatientes se habían desmovilizado por ella.

No es una ley de "justicia". En realidad, son 917 (y no 53.000) los combatientes ilegales que han aceptado someterse a la ley 975 para que se les concedan los beneficios de reducción de penas por crímenes de lesa humanidad [1]. El 98 por ciento restante (muchos de ellos también criminales de lesa humanidad) han sido dejados en libertad por decisión del Gobierno, que les ha otorgado así una amnistía de facto, la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. ¿Por qué semejante embuste?

Tampoco es una ley de "paz". El paramilitarismo persiste, aunque el Gobierno haya declarado su extinción, inventando un nombre nuevo para este fenómeno: "bandas criminales" ("Bacrim"). Hay todavía más de diez mil paramilitares en actividad [2]. Segón cifras oficiales, había doce mil paramilitares cuando se inició la administración Uribe en 2002 [3]. ¿Cómo pudo desmovilizarse un número tres o cuatro veces mayor de paramilitares durante la negociación? ¿Por qué ese empeño en magnificar las cifras de la desmovilización?

No es despreciable que varios paramilitares estén privados de libertad y que se haya reducido su estructura militar. Pero es un error confundir eso con un proceso de paz, cuando los jefes con los que se pactó la supuesta paz fueron extraditados por el Gobierno y los grupos paramilitares continúan asesinando, en promedio, a más de 500 personas cada año [4]. Si eso es la paz, ¿qué será la guerra?

Tampoco es la ley 975 una ley de "reparación". El Gobierno ha propuesto que se limite la reparación económica a un máximo de veinte millones de pesos por víctima [5]. Esto significa menos de un tres por ciento de lo que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce al respecto. Sería una grave violación adicional a los derechos humanos de las víctimas [6].

La ley 975 debería conducir, ante todo, a la "verdad". En estos cinco años muchos fiscales y jueces han realizado una labor admirable y se han revelado hechos importantes sobre la estructura paramilitar y sobre algunos delitos, se ha podido descubrir cadáveres de víctimas y se han entregado algunos de ellos a sus familiares [7]. Pero falta mucho por aclarar y, sobre todo, hay que concentrar los esfuerzos en descubrir la médula del proyecto paramilitar: es decir, quiénes han estado detrás de esta empresa descomunalmente criminal. Mientras no se haga claridad al respecto, la sociedad colombiana permanecerá secuestrada, sin saberlo, por fuerzas peores que cualquier grupo guerrillero.

El rumbo de la ley 975 debe corregirse para que efectivamente contribuya a la superación del paramilitarismo. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas invita a consultar y criticar el documentado estudio que acaba de publicar, titulado "Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005" (391 págs.).

Referencias / Fuentes

[1] Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Respuesta a un derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 24 de mayo de 2010, pág. 5: "A fecha 30 de marzo del año en curso 917 postulados han ratificado su voluntad de someterse al procedimiento de la ley de Justicia y Paz".

[2] Corporación Nuevo Arco Iris, ¿Desapareció el paramilitarismo?, Bogotá, junio de 2008, en www.nuevoarcoiris.org.co; e Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Nuevos grupos paramilitares: una realidad, Bogotá, agosto de 2007, www.indepaz.org.co

[3] Ministerio de Defensa Nacional, Logros y retos de la política de defensa y seguridad democrática, Cartagena de Indias, mayo de 2005.

[4] Esta situación se ha agravado en los últimos años pues mientras en 2006 se registró que los paramilitares asesinaban o desaparecían forzadamente a 18 personas por mes, en 2008 esta cifra se incrementó a más de 47 violaciones al derecho a la vida por mes. Comisión Colombiana de Juristas, Informe alternativo al sexto informe periódico presentado por el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos, junio de 2010, págs. 43 y 44

[5] "Reparación de víctimas no debe superar los $20 millones: Eduardo Pizarro", diario El Tiempo, 20 de julio de 2010.

[6] Al respecto, véanse el Principio 34 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1.) y los Principios 15 a 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. La Resolución que reconoce la aplicación de los primeros está contenida en el doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81. Los segundos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto favorable del Gobierno de Colombia (ONU AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005). Estos documentos pueden consultarse, junto con sus antecedentes, en Comisión Colombiana de Juristas, Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones (compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas), Bogotá, 2007

[7] En su último informe de rendición de cuentas 2009-2010 la Fiscalía General de la Nación informó que a 1° de mayo de 2010 se habían confesado 18.070 homicidios, 1.729 desapariciones forzadas, 4.805 desplazamientos forzados, 1.137 reclutamientos forzados, 296 torturas, y 22 casos de violencia sexual. Segón la información difundida por la Fiscalía General de la Nación se han exhumado 3.216 cadáveres, de los cuales 922 han sido entregados a sus familiares.

Acerca de Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas

Defensor de derechos humanos. Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Diplome D'Etudes Approfondies - D.E.A. en Ciencia Política de la Universidad de París I.

Estudios de doctorado en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1976-1983).

Columnas recientes de Gustavo Gallón Giraldo