Criterios de acción

En la Comisión Colombiana de Juristas trabajamos por los derechos humanos, la democracia y la paz.

1. Trabajamos, ante todo, por el respeto que se debe dar a todas las personas y a sus derechos, por parte de todo el mundo, es decir, por parte del Estado colombiano, de agentes paraestatales y de agentes contraestatales, así como de la gente común, además de los otros Estados.
2. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos guerrilleros en la realización de actos de violencia, tanto contra la población civil, como contra militares, policías y otros agentes estatales, actos que causan daño o dolor, dificultan la definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas por parte del Estado y de algunos sectores de la sociedad.
3. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos paramilitares en la realización de actos contra la población civil, actos que son la razón de ser de su existencia y que constituyen la mayoría de hechos causantes de muertes por razones sociopolíticas y de desplazamiento forzado en el país, y que dificultan la definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas de parte de algunas personas.
4. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los agentes del Estado que incurren de manera masiva y sistemática en violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, bien sea por acción directa o por connivencia con grupos paramilitares, acciones que también causan daño y dolor de inmensas magnitudes, dificultan la definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas de parte de algunas personas.
5. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tiene el Estado colombiano, que de una manera u otra ha sido incapaz de proteger a la población colombiana frente a las guerrillas, a los grupos paramilitares y a agentes estatales violadores de derechos humanos, a lo largo de la historia del país y especialmente desde mediados del siglo XX. El Estado ha estimulado y ha sido cómplice del desarrollo de las acciones de los grupos paramilitares, y además ha sido incapaz de enfrentar y neutralizar las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales. Más grave aún, actualmente, hay preocupantes propuestas de debilitamiento del Estado social y democrático de derecho previsto en la Constitución de 1991. Todo lo anterior causa grave daño, agudiza la dificultad para definir democráticamente las diferencias sociales y estimula respuestas abusivas de algunas personas, al tiempo que alimenta el desarrollo del conflicto armado en Colombia.
6. En consecuencia, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, y propendemos por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la cultura democrática en Colombia. Nos oponemos a las propuestas que debiliten el Estado Social y Democrático de Derecho previsto en la Constitución de 1991, a las que dificulten resolver democráticamente las diferencias sociales y a aquellas que estimulen respuestas abusivas por parte de algunas personas, pues todo esto alimenta la violencia y el conflicto armado en Colombia. Por ello, promovemos el debate público plural y libre de estigmatización, e impulsamos la inclusión y participación efectiva de los sectores y poblaciones históricamente discriminadas.
7. Reconocemos que todas las personas tienen un valor intrínseco y deben ser tratadas con respeto y justicia, sin discriminación ni violencia. Asumimos el compromiso de garantizar que cualquier vulneración a la dignidad humana sea atendida con la debida seriedad y prontitud. Consideramos que la igualdad real, y en particular la igualdad de género, exige acciones afirmativas para erradicar las desigualdades estructurales que persisten en la sociedad. En este sentido, entendemos que nuestra labor de defensa de derechos incluye también la protección y el cuidado de la naturaleza, el territorio y los recursos naturales.
8. Reconocemos en el diálogo y la solución política negociada la única vía para superar el conflicto armado y la violencia en Colombia. En consecuencia, estamos comprometidos y comprometidas con la construcción de paz a través de los escenarios de diálogo y negociación, cuando sea posible, con la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados y con la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Adicionalmente le apostamos a consolidar una cultura de paz que propenda por la convivencia y la reconciliación de todas las personas en Colombia.
9. En síntesis, actuamos a favor de una actitud respetuosa de las garantías de los derechos de las personas en todo tiempo, en todo lugar, y por parte de toda persona que detente, de hecho o de derecho, cualquier atributo de poder en nuestro país: un país que queremos que se desarrolle a plenitud, con base en el respeto, la promoción y la garantía integral de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que permitan y contribuyan asimismo a la realización de los derechos a la paz, a la democracia, a la autonomía y al desarrollo.